No se trata de caridad, sino de derecho fundamental. Esta es la idea que presidió ayer la tercera conferencia coloquio En Clau de Futur, organizada por El Punt Avui con el apoyo de la Fundación «la Caixa», bajo el título Hacia la inclusión social en el ámbito laboral. El periodista Jordi Grau moderó el debate entre tres expertos en la materia: Francesc Ventura, adjunto a la dirección del área de Inclusión Social de la Fundación «la Caixa», que impulsa el programa Incorpora; Núria Pi, responsable del área de Comunicación y Formación de la Fundación Support-Girona, y Pepita Perich, directora general de la Fundación Ramon Noguera de Girona.

Un derecho y un deber

Los ponentes coincidieron en destacar la importancia que tiene para las personas con discapacidad poder acceder al mercado de trabajo, ya sea en el sector ordinario o en el protegido, para conseguir su autonomía económica, social y personal. Por eso, reclamaron más recursos para las entidades del tercer sector que trabajan por este colectivo, así como para el sistema educativo, que todavía no está adaptado a sus necesidades. También defendieron que el trabajo, además de ser un derecho, es un deber que implica una responsabilidad y contribución a la sociedad.

Libertad de elección

Uno de los aspectos que más subrayaron los expertos fue el de la libertad de elección de las personas con discapacidad a la hora de decidir qué quieren hacer con su vida, tanto a nivel laboral como personal. En ese sentido, denunciaron las actitudes paternalistas y sobreprotectoras que a menudo se dan con este colectivo, tanto desde la justicia como desde las familias. Recordaron que la Convención de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad y la ley de integración social de estas personas reconocen su derecho a elegir y tener redes de apoyo para ejercerlo. Por eso, pidieron que se rompan los falsos mitos y estereotipos que todavía persisten sobre la discapacidad, como su incapacidad para asumir determinadas tareas o aguantar una jornada laboral completa.

Diversidad y competitividad

Los conferenciantes también pusieron de manifiesto que la diversidad de las plantillas es un factor de competitividad para las empresas, que cada vez más valoran el talento y conocimiento que aportan las personas con discapacidad. En este sentido, explicaron que el programa Incorpora de la Fundación «la Caixa» ha detectado un cambio de mentalidad en las empresas, que ya no contratan a este colectivo por una cuestión de responsabilidad social, sino por una cuestión de recursos humanos. Citaron un estudio de la Universidad Hopkins de Baltimore (Estados Unidos) que indica que la generación Z, formada por jóvenes de entre 20 y 30 años, tiene incorporado el valor de la diversidad y busca liderazgos más inclusivos.

Girona, un modelo de referencia

Otro de los puntos que destacaron durante la conferencia y coloquio fue el papel de las entidades del tercer sector, que trabajan sin ánimo de lucro para las personas con discapacidad y que necesitan el apoyo de la administración y el tejido empresarial para llevar a cabo sus proyectos sociales. En este ámbito, los ponentes elogiaron el modelo de Girona, donde existe una buena complicidad entre los diferentes agentes implicados y un trabajo en red que facilita los procesos y los servicios. Pusieron como ejemplo la proximidad que existe con la justicia, que permite conseguir más asistencias de apoyo y más sentencias favorables al derecho de elección de las personas con discapacidad. También destacaron los datos de empleo de este colectivo en las comarcas gerundenses, donde hay casi dos mil personas trabajando en medio millar de empresas, y el nuevo ámbito de inserción que representa el autoempleo, en el que la Fundación «la Caixa» ha acompañado a 85 personas desde 2017.

Retos pendientes

Por último, los tres expertos fueron críticos con algunos aspectos que todavía quedan pendientes para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Uno de ellos fue la revisión de la ley de integración social del minusválido (LISMI), que data de 1985 y que establece que las empresas de más de 50 trabajadores deben reservar plazas para este colectivo. Según los ponentes, esta ley es demasiado rígida y no se adapta a la realidad actual, en la que muchos trabajadores con discapacidad no cobran un sueldo, sino una prestación social. Otro fue la educación, que a su juicio no es inclusiva por falta de recursos y de voluntad política. «La administración de Educación no cree y eso genera aún más discapacidad», afirmó Pepita Perich. La gran conclusión de la jornada la resumió el moderador, Jordi Grau, en el sentido de que no hay que juzgar a las personas por su discapacidad y que hay que defender sus derechos trabajando en red y desde el territorio.

No se trata de caridad, sino de garantizar un derecho fundamental. Esta es la idea central que se transmitió ayer en la tercera conferencia coloquio En Clau de Futur, organizada por El Punt Avui con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, bajo el título Hacia la inclusión social en el ámbito laboral. El debate, moderado por el periodista Jordi Grau, contó con la participación de tres expertos en la materia: Francesc Ventura, adjunto a la dirección del área de Inclusión Social de la Fundación ”la Caixa”, que impulsa el programa Incorpora; Núria Pi, responsable del área de Comunicación y Formación de la Fundación Support-Girona, y Pepita Perich, directora general de la Fundación Ramon Noguera de Girona.

Los ponentes coincidieron en destacar la importancia de que las personas con discapacidad puedan acceder al mundo laboral por tener autonomía financiera, poder emprender o, si no es posible, recibir una asistencia social adecuada. Por eso, reclamaron más recursos para las entidades del tercer sector y para el sistema educativo, que todavía tiene muchas carencias para atender a este colectivo. También defendieron que el trabajo es un derecho pero también una responsabilidad, que contribuye al sostenimiento del sistema.

Derecho a decidir

Uno de los aspectos clave que se abordó en el coloquio fue el derecho a decidir de las personas con discapacidad sobre su trayectoria laboral. En este sentido, denunciaron las actitudes paternalistas y estereotipos que limitan sus opciones y vulneran sus derechos. Recordaron que la legislación vigente –la Convención de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad y la ley de integración social de estas personas– reconoce su derecho a escoger y reivindicaron la necesidad de proveerles de redes apoyo para ejercerlo. Sin embargo, lamentaron las dificultades que encuentran para superar las barreras que les imponen desde la justicia, las administraciones o las propias familias. Además, invitaron a desmontar los falsos mitos asociados a la discapacidad, como la incapacidad de realizar determinadas tareas o de trabajar una jornada completa, y remarcaron que sólo el proceso de aprendizaje es distinto.

Valor añadido

Los conferenciantes también pusieron de manifiesto que la inserción laboral de las personas con discapacidad no es sólo una cuestión de justicia social, sino también de competitividad empresarial. En este sentido, explicaron que la diversidad de plantillas es un factor que aporta valor añadido, conocimiento y un clima de trabajo más favorable. Citaron un estudio de la Universidad Hopkins de Baltimore (Estados Unidos) que muestra que la generación Z –los jóvenes de entre 20 y 30 años– tiene incorporado ese valor y que busca nuevos liderazgos más inclusivos. Pidieron, pues, una mirada diferente a las empresas ante esta realidad y reivindicaron el talento empresarial que aportan las personas con discapacidad. Además, aclararon que la financiación pública no es un regalo, sino una inversión para acompañar a proyectos sociales y asegurar su continuidad.

Modelo gerundense

Otro de los temas tratados en el debate fue el papel de las entidades del tercer sector en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad. Los ponentes destacaron la relevancia de estas entidades, que trabajan sin ánimo de lucro para las personas con discapacidad, reclamando su protección. También insistieron en su importancia para prepararlas para vivir en comunidad y no ver vulnerados sus derechos, y defendieron la necesidad de encontrar fórmulas cada vez más comunitarias. En este sentido, pusieron como ejemplo el modelo gerundense, que es un referente de trabajo en red y de complicidad entre los agentes implicados en el acompañamiento a las personas con discapacidad. Pusieron como ejemplo la proximidad que existe con la justicia, que facilita las asistencias de apoyo y la defensa del derecho a decidir. Informaron, asimismo, de las estadísticas que muestran que en las comarcas gerundenses hay casi dos mil personas con discapacidad ocupadas en medio millar de empresas y que existe un nuevo campo de inserción que es el autoempleo, en el que trabaja la Fundación “la Caixa” desde 2017 y que ya ha acompañado a 85 personas.

Educación inclusiva

Finalmente, los tres conferenciantes fueron críticos también con el sistema educativo, afirmando que no existe una educación inclusiva por falta de recursos, no por la voluntad de los profesionales de la educación. «La administración de Educación no cree y eso genera aún más discapacidad», sentenció. La gran conclusión de todo ello la verbalizó el moderador, en el sentido de que es muy importante no juzgar a las personas porque tienen la etiqueta de la discapacidad y que es necesario defender sus derechos trabajando en red y desde el territorio.