La fiscalía de Barcelona también recurre la sentencia y pide aumentar la pena al jugador brasileño
Dani Alves, que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre del 2022, ha presentado un recurso contra la sentencia. El futbolista sostiene que tuvo relaciones sexuales consentidas con la víctima y que la indemnización de 150.000 euros que pagó no puede servir para reducir su pena. Así lo ha argumentado su defensa, que pide su absolución.
Pero la fiscalía de Barcelona no está de acuerdo con esa interpretación y también ha recurrido la sentencia. El ministerio público considera que la pena impuesta al jugador es insuficiente y que la indemnización no puede ser un atenuante. La fiscalía alega que esta cantidad podría ser discriminatoria porque favorece al procesado por su situación económica. Según la fiscalía, ese atenuante de reparación del daño permitió a la Audiencia de Barcelona aplicar la pena mínima por agresión sexual según la ley vigente cuando se produjeron los hechos.
La víctima también recurre la sentencia y rechaza la indemnización
La joven que denunció a Dani Alves por violación también ha presentado un recurso contra la sentencia. La acusación particular ejercida por la víctima pide que se incremente la pena al futbolista y que se reconozca su derecho a una indemnización justa. La víctima no aceptó los 150.000 euros que el jugador ingresó como fianza cuando fue procesado, bajo la amenaza de embargo. Tanto la fiscalía como la acusación particular se opusieron a que se aplicara este atenuante de reparación durante el juicio, al entender que era una cantidad arbitraria que la jueza instructora fijó.
La sentencia fue rápida y contundente
La sentencia que condenó a Dani Alves por agresión sexual fue dictada sólo quince días después de finalizar el juicio, en el que el tribunal consideró probado que la víctima no consintió los hechos y que él la forzó. Además de los cuatro años y medio de prisión, el tribunal le impuso también cinco años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante nueve años y medio.
