Delitos fiscales y consecuencias legales
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, enfrenta acusaciones de fraude fiscal y falsedad documental por parte de la Fiscalía de Madrid. Se le atribuye eludir el pago de 350.951 euros a Hacienda a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla, con el objetivo de reducir el pago de impuestos ante el aumento significativo de la facturación de una de sus empresas durante la pandemia.
La Fiscalía considera que González Amador habría cometido dos delitos fiscales relacionados con el Impuesto de Sociedades en los ejercicios de 2020 y 2021, castigados con penas de uno a cinco años de cárcel, además de multas que podrían alcanzar los dos millones de euros. La cuantía defraudada superó los 120.000 euros, lo que constituye un fraude a Hacienda.
En casos similares, las multas por delitos fiscales pueden reducirse, pero la falsedad documental en las facturas también conlleva penas de cárcel y multas adicionales, lo que aumenta las implicaciones legales para el acusado.
Falsificación de facturas y sus implicaciones
La Fiscalía señala que González Amador habría utilizado hasta 15 facturas falsas para deducirse gastos y servicios inexistentes, con el fin de reducir la factura fiscal. Aunque algunas facturas eran de cantidades pequeñas, dos de ellas sumaban más de un millón y medio de euros. El delito de falsedad documental conlleva penas de cárcel de entre seis meses y tres años, además de multas significativas.
La Justicia suele castigar el delito contra la Hacienda Pública en concurso con la falsedad documental de las facturas, lo que resulta en condenas menores que si se juzgaran por separado. En casos anteriores, se impusieron condenas de cárcel y multas tanto para los responsables como para las empresas colaboradoras en la elaboración de facturas falsas.
Cuando la falsificación de facturas es esencial para cometer el fraude fiscal, los delitos se atribuyen en concurso, lo que puede resultar en condenas de cárcel menores pero que no exceden la suma teórica de los dos delitos.
Estas implicaciones legales y consecuencias judiciales demuestran la gravedad de los delitos fiscales y de falsedad documental, así como la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias de manera íntegra y legal.
