Solicitud de aplazamiento de las declaraciones
Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluís Alay, ha solicitado al magistrado Manuel García-Castellón que se aplace las declaraciones de los investigados de Tsunami Democràtic, que estaban programadas para el 22 de mayo. La razón detrás de esta solicitud es que el abogado tiene un juicio señalado para ese mismo día y no puede asistir a los interrogatorios de los encausados. El magistrado de la Audiencia Nacional tiene la facultad de cambiar la fecha de los interrogatorios si una de las partes lo solicita, por lo que no debería haber inconvenientes en este caso.
Ganando tiempo con el aplazamiento
Los 10 investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional se benefician de este aplazamiento, ya que la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados está prevista para el 30 de mayo. Los abogados defensores argumentan que esta ley debería archivar el caso Tsunami, ya que está relacionado con las causas del Procés. Sin embargo, la decisión final recae en el juez.
Críticas al juez García-Castellón
El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha sido criticado por los partidos y entidades independentistas. Se le acusa de intentar obstaculizar los acuerdos entre el PSOE, Junts y ERC para aprobar la ley del olvido penal de todas las causas del Procés. Una de las acciones cuestionadas es la imputación de 12 personas por el delito de terrorismo en el caso Tsunami, incluyendo al presidente en el exilio Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esta imputación se realizó después de tener la causa de Tsunami dormida desde 2019.
Declaraciones por videoconferencia
La Fiscalía no considera las movilizaciones de Tsunami como terrorismo, sino como desórdenes públicos. Sin embargo, las acusaciones populares de Vox, Dignidad y Justicia, y Sociedad Civil Catalana han ayudado al magistrado a llevar adelante la causa por terrorismo. Además, el Tribunal Supremo ha aceptado investigar a Puigdemont y Ruben Wagensberg, quien ha revalidado su escaño, por su aforo en el caso Tsunami. La magistrada instructora del Supremo, Susana Polo, propuso que Puigdemont y Wagensberg declaren de forma voluntaria y por videoconferencia la semana del 17 de junio, ya que se encuentran en el extranjero. Esta decisión ha enfadado a las acusaciones particulares, ya que la fecha coincide con la posible entrada en vigor de la ley de amnistía y el fin de la protección de Puigdemont en la cámara europea.
Declaraciones por videoconferencia desde Barcelona
El juez García-Castellón ha permitido que los 10 encausados de Tsunami declaren por videoconferencia, pero desde un juzgado de Barcelona. Al menos cuatro de los encausados se encuentran en Suiza para evitar esta imputación que consideran política y sin fundamentos.
