El dictamen de la teniente fiscal del Supremo coincide con el del fiscal de la misma sala y desestima la tesis del fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional
Tras varias semanas de conflicto interno en la Fiscalía del Tribunal Supremo, finalmente se impuso el criterio del fiscal de la sala penal del propio tribunal, Álvaro Redondo. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha redactado un dictamen en el que descarta que las acciones impulsadas por Tsunami Democrático puedan ser utilizadas para investigar a Puigdemont por terrorismo y considera que, a lo sumo, sólo pueden ser un delito de desórdenes públicos graves . Asimismo, trasladó su informe a la junta de fiscales y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras una crisis sin precedentes en el ministerio público español en esta causa por las movilizaciones postsentencia del Proceso. El dictamen solicita que la causa sea devuelta a la Audiencia Nacional.
En el dictamen, la número dos de la carrera fiscal coincide también con los argumentos expuestos por el fiscal de la propia sala penal del Supremo, Álvaro Redondo, quien, por turno de reparto, fue el encargado de redactar un primer documento, que el sector más duro de la Junta de Fiscales rechazó hace dos semanas La situación provocó que fuera la teniente fiscal del Supremo, la de mayor rango en la fiscalía española por debajo del fiscal general, quien recibió el encargo de redactar el dictamen definitivo con la opinión del ministerio público.
La decisión final será de la sala penal del Tribunal Supremo, presidida por Marchena
Ahora el documento será enviado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, pero el posicionamiento de la fiscalía no es vinculante. Los magistrados son los que realmente tendrán que decidir si aceptan la causa que les quiere ceder el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El juez instructor elevó el sumario al Supremo porque imputaba por posibles delitos de terrorismo al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, quien entiende que es aforado como actual eurodiputado.
Una batalla interna que el independentismo ha desatado
La crisis en la cúpula del ministerio fiscal se ha desatado en las últimas semanas a causa del Tsunami y en plena discusión de la ley de amnistía. De hecho, paralelamente a la negociación política de la amnistía, el juez optó por la vía rápida intentando aplicar un delito –terrorismo– que carece de la ley de amnistía. La decisión enojó a la fiscalía de la Audiencia Nacional, que se ha opuesto firmemente a la calificación como terrorismo de los hechos investigados en la causa. El juez, consciente de que el ministerio público le haría frente, permitió la entrada de dos fiscalías en la sombra en forma de la acusación de policías heridos durante las protestas en el aeropuerto de El Prat y durante los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona.
Por último, el juez traspasó el caso al Supremo, a través de una exposición razonada en la que pedía que se hiciera cargo de la causa con la petición de imputación del aforado Carles Puigdemont –así como una decena de personas más como ahora la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el secretario de la mesa del Parlament, Ruben Wagensberg. El Supremo remitió el auto del juez al ministerio público para que expusiera su opinión. Por turno de reparto, el fiscal Redondo estudió el asunto y remitió un primer borrador a uno de los dos jefes de la junta de fiscales de sala penal del Supremo, Fidel Cadena, y éste le habría hecho llegar a otros fiscales de sala críticos con García Ortiz. En ese primer borrador, el fiscal concluía que había argumentos para instruir el caso como terrorismo.
Guerra de borradores
La tensión se aceleró. Tras enviar el borrador, Redondo, que de la causa sólo conocía la exposición razonada, el texto de García Castellón, descubrió más detalles del caso y llegó a otra conclusión: no había terrorismo y, a lo sumo , se podía interpretar que se habían producido desórdenes públicos graves. Un posicionamiento que comentó a sus compañeros en la junta celebrada el pasado 2 de febrero, aunque no estaba a la orden del día. Ahora bien, Redondo se había reunido minutos antes con el Fiscal General, un encuentro en el que le habría comunicado su decisión.
El sector duro sacó el hacha de guerra y acusaron a Álvaro García Ortiz de “presionar” al fiscal Redondo. Justo al día siguiente, medios de comunicación afines a los fiscales más duros con el independentismo filtraron el primer borrador. El fiscal Álvaro Redondo se vio obligado incluso a difundir un comunicado de prensa dando explicaciones de cómo había ido la historia. El fiscal general, por su parte, advirtió de que algunos fiscales habían sido «desleales» e, incluso, utilizó el concepto de «traición». Fue entonces cuando se encargó el dictamen a la teniente fiscal del Supremo, de hecho, la primera del escalafón fiscal después de un cargo institucional como el del fiscal general del Estado.
