El consorcio que aloja al MareNostrum tiene una autonomía excesiva y un control limitado por parte del Estado y la Generalitat
El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) es el centro de referencia en España en materia de supercomputación. Su proyecto estrella es el MareNostrum, uno de los superordenadores más potentes de Europa, que se ha renovado cinco veces desde su creación. Pero este centro sufre algunas irregularidades y deficiencias de control interno que el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto en un informe de fiscalización, recogido por Europa Press.
Según el informe, el BSC-CNS tiene una importante autonomía de gestión por sus órganos de dirección, mientras que el control de la Administración General del Estado y de la Generalidad de Cataluña es limitado sobre aspectos decisivos en materia de organización , planificación y determinación de recursos personales y materiales. Esto supone un riesgo para la correcta ejecución de sus objetivos y para la rendición de cuentas frente a sus socios.
Por este motivo, el informe recomienda que el Consejo Rector del BSC-CNS, el órgano de gobierno del consorcio, asuma el ejercicio de competencias de dirección, de forma que el BSC mantenga una independencia funcional de la Universidad Politécnica de Cataluña ( UPC), que es uno de sus miembros. Además, el informe insta al consorcio a modificar sus estatutos para incluir entre sus fines la gestión de proyectos de investigación, que ahora representa el 83% de su actividad.
El BSC-CNS tiene incompatibilidades con la normativa del sector público estatal e incumple la normativa de igualdad
El informe también señala que el BSC-CNS tiene incompatibilidades con la normativa del sector público estatal, ya que las aportaciones de la UPC no son monetarias, sino que se realizan mediante la cesión de uso de espacios y la asignación de personal a través de un régimen jurídico inspirado en la normativa reguladora de las entidades vinculadas a la investigación universitaria. Esto no resulta compatible con la consideración del BSC-CNS como entidad institucional del sector público estatal, según el Tribunal de Cuentas.
Además, el informe denuncia que el BSC-CNS incumple el principio de composición equilibrada que inspira la normativa de igualdad, ya que las mujeres sólo representan al 26% de la plantilla, frente al 74% de hombres. Esta desigualdad es aún mayor en los niveles de mayor responsabilidad, donde las mujeres oscilan entre un 8% y un 20%. Por eso, el informe recomienda al BSC-CNS que adopte medidas para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el acceso, la promoción y las condiciones de trabajo.
El BSC-CNS tiene deficiencias de control interno en materia de pago, contratación y anticipos de caja
El informe detecta también una serie de deficiencias de control interno en el BSC-CNS, relacionadas con la utilización de determinados medios de pago, la contratación menor, los sistemas de adelanto de caja fija y los de liquidación de viajes. Estas deficiencias pueden favorecer la realización de pagos irregulares, la vulneración de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia en la contratación y la falta de justificación de los gastos de viaje. Por eso, el informe recomienda al BSC-CNS que revise y mejore sus procedimientos de control interno para evitar estos riesgos.
El BSC-CNS tiene un alto grado de éxito en la obtención de infraestructuras y financiación para la investigación
Pese a las irregularidades y deficiencias detectadas, el Tribunal de Cuentas reconoce que el BSC-CNS tiene un alto grado de éxito en dos de sus objetivos reales: la obtención de infraestructuras y tecnología a los supercomputadores más avanzados en cada momento y la consecución de la mayor financiación posible para la gestión de proyectos de investigación. De hecho, el presupuesto del BSC-CNS ha pasado de 4 millones de euros en 2005 a casi 150 millones en 2022, gracias a su participación en proyectos nacionales e internacionales de investigación e innovación.
El BSC-CNS se creó en 2005 como un consorcio estatal entre la Administración General del Estado (60%), la Generalidad de Cataluña (30%) y la UPC (10%), con el objetivo de gestionar el supercomputador MareNostrum. En 2015, se creó un nuevo consorcio con la misma participación y finalidad que ha sido objeto de la fiscalización del Tribunal de Cuentas. El MareNostrum es uno de los superordenadores más potentes de Europa y se ha actualizado cinco veces, la última en 2021, con una capacidad de cálculo de 200 petaflops.