Contexto de la Junta de Fiscales
El número 4 de la calle Fortuny de Madrid será este martes una olla a presión, o incluso, un campo de batalla togado. Se celebra la Junta de Fiscales que tiene que fijar el criterio del organismo, la posición que se defenderá ante los tribunales que lo tengan que decidir, sobre la aplicación de la amnistía en los delitos de la malversación. Una decisión que afecta de pleno un buen grosor de condenados y procesados por el Proceso, como por ejemplo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, así como los imputados en la causa madre del Proceso del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que también tiene una derivada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Convocatoria y desafío de los fiscales
El cónclave lo convocó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que los cuatro fiscales del juicio del Proceso- Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno– lo desafiaran afirmando que no se podía amnistiar el delito de malversación. Estos cuatro fiscales aplican una extravagante teoría del enriquecimiento injusto y alegan una virtual afectación de los intereses económicos de la Unión Europea. Los 38 miembros de la cúpula fiscal tendrán que debatir sobre qué tesis defienden, siguiendo un protocolo establecido. Ahora bien, sea qué sea su posicionamiento definitivo, no será vinculante, porque se acabará imponiendo el criterio del fiscal general, que voz perfectamente amnistiable la malversación en los casos relacionados con el Proceso que la Fiscalia ha analizado.
Tensión y expectativas
La tensión de las últimas semanas, con informes y decretos contrarios, ha hecho subir la cotización de una Junta de Fiscales que puede desatar todavía más la guerra interna a la Fiscalía.
Desarrollo de la reunión
La reunión se iniciará a las nueve y media de la mañana y se prevé que será «larga». De hecho, se aplicará el artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía. Este artículo ordena que si un fiscal recibe una orden de sus superiores que considere contraria a la ley o que crea improcedente elevará un informe razonado en su jefe, y si considera que no se han atendido sus planteamientos presentará la cuestión a la Junta de Fiscales. Por lo tanto, fue invocado por los cuatro fiscales y aceptado por el fiscal general.
Así, siguiendo este artículo, los 38 fiscales -37 más el fiscal general- pueden intervenir en la reunión, sin límite de tiempo y por orden inverso de nombramiento, del más nuevo al más antiguo. El debate tiene que acabar con la votación que se espera que sea «muy igualada». Si García Ortiz no obtiene una mayoría, puede acabar imponiendo su criterio. Fuentes de la Fiscalía señalan que el criterio una vez acabada la Junta pero antes de levantar la sesión. Es decir, no esperará a agotar el plazo que le ha otorgado la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que acaba mañana.
Posible escenario y consecuencias
Según el que establece el artículo 27, en el caso de imponer su criterio, García Ortiz tendrá que presentar un escrito razonado para eximir de forma expresa los cuatro fiscales del Supremo de las responsabilidades que pueden derivar del cumplimiento de su orden. También firmará, como fiscal general, directamente, el escrito pidiendo la aplicación de la amnistía, y previsiblemente aplicará la última potestad que le permite el artículo 27 y –tal como le han pedido los cuatro fiscales del Supremo- los apartará del caso y encargará la defensa de la posición a otros fiscales, que se muestren de acuerdo con su criterio.