Un problema histórico
Como usuarios de la sanidad catalana, nos encontramos a menudo con dificultades para comunicarnos con algunos médicos en nuestra lengua, y esto no es algo nuevo. La constante denuncia por la renuncia de algunos profesionales a hablarnos en catalán y la contundencia de los informes más recientes han hecho que finalmente el gobierno de la Generalitat tome medidas. Y es que los datos son alarmantes: sólo un 48% de los médicos utilizan el catalán en las visitas. Y no sólo eso. Según el Consejo de Colegios de Médicos, tres de cada diez médicos que trabajan en Catalunya no conocen el catalán y el 50% de quienes vienen de otros territorios del Estado no tienen ningún interés en aprenderlo. Para intentar solucionar este problema, el Departament de Salut pedirá el nivel C1 de catalán a todo el personal que desee una plaza, tanto en centros públicos como en centros concertados. Además, se ofrecerán cursos online en horario de trabajo para que los profesionales que vienen de fuera puedan adquirir competencias lingüísticas en la lengua propia de este país. Dicho de otro modo, se aplicará de forma rigurosa lo que ya dice la ley vigente.
Una cuestión de calidad
La primera causa que nos ha llevado a una situación tan lamentable, por tanto, es que no ha habido determinación política para garantizar la inmersión lingüística en un ámbito tan delicado como es el de la salud de las personas. Y tampoco ha habido eficiencia en proporcionar los recursos para que los profesionales que vienen de fuera tengan facilidades para aprender el catalán y utilizarlo después con los pacientes. Se trata de un objetivo en el que deben coincidir todos los esfuerzos, empezando por el de los médicos y los colegios profesionales, claro, que deben comprometerse al máximo. Porque la buena atención no consiste sólo en tener los mejores especialistas, los mejores hospitales y el mejor material. No basta con ir recuperando las listas de espera y los recortes de inversión que en el pasado reciente supusieron un duro golpe para el sector. La buena atención implica también respetar los derechos lingüísticos de las personas, que deben poder explicar sus problemas en su propia lengua.