La Toma de Posesión y el Discurso Inaugural
Hoy, Álvaro García Ortiz ha iniciado su segundo mandato como jefe de la Fiscalía General del Estado, tomando posesión ante el pleno del Tribunal Supremo y ofreciendo su primer discurso oficial en la sede de la Fiscalía. Con la presencia destacada del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el acto ha tenido lugar justo una semana después de una reestructuración interna que ha incluido numerosos ascensos.
Exigencias de Autonomía y Honestidad
En un discurso que destaca la necesidad de ‘autonomía’ y ‘honestidad’ dentro del ministerio público, García Ortiz ha subrayado la importancia de mantenerse ‘dentro del imperio de la ley’ y actuar ‘de forma imparcial’. Ha pedido respeto por el poder legislativo, especialmente en el contexto de la aprobación del dictamen de la ley de amnistía.
Limitaciones de los Poderes Públicos
‘Los poderes públicos están limitados a ejercerse dentro del marco de sus competencias, todas ellas enmarcadas en el postulado constitucional más primigenio: el respeto a la soberanía nacional que reside en el pueblo y del que emanan todos los poderes del Estado ‘, ha sentenciado García Ortiz.
Reformas y Modernización
Álvaro García Ortiz ha anunciado planes para realizar una reforma del Estatuto del Fiscal, inalterado durante 15 años. Además, impulsará una serie de Circulares e Instrucciones para unificar criterios, promover la persecución de determinados fenómenos criminales e incrementar la autonomía de los fiscales, con el objetivo de modernizar el ministerio fiscal.
La reforma incluirá también medidas para reforzar el sistema de controles y contrapesos, mejorar el régimen de toma de decisiones y garantizar la autonomía individual de los fiscales. Se destaca un conjunto de doctrina vinculante respecto a los delitos de prevaricación administrativa, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Estas iniciativas pretenden adaptar la Fiscalía a los cambios normativos, especialmente en relación a la definición del delito de malversación, que se ajusta al nuevo Código Penal pactado entre PSOE y ERC.