Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y fiscal investigan el caso de las mascarillas en Canarias
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid han realizado una operación en la sede de la consejería de Sanidad del gobierno de Canarias. El objetivo de la operación es recopilar información relacionada con el caso de las mascarillas. Esta actuación se enmarca dentro de las diligencias judiciales que se están llevando a cabo para esclarecer los hechos.
Investigación del caso
Los agentes de la UDEF están buscando correos, documentos y archivos digitales que puedan estar relacionados con el ex director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y la ex directora de Recursos Económicos, Ana María Pérez. Estos dos exdirectivos están bajo investigación por el caso de las mascarillas, en el que se pagaron 4 millones de euros por un millón de mascarillas que nunca se recibieron. Las mascarillas fueron destruidas después de constatarse que estaban falsificadas.
Investigación europea
El caso de las mascarillas en Canarias ha llamado la atención de la Fiscalía Europea, que ha asumido la investigación. Esta decisión se tomó después de que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas presentara una querella y pidiera el registro de los correos relacionados con el caso. Ahora, la Fiscalía Europea está investigando a Conrado Domínguez y otras personas implicadas en el caso, como el administrador de la empresa RR7, Rayco González, y Ana María Pérez.
Derecho a no declarar
Conrado Domínguez, el ex director del SCS, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la fiscalía europea. Argumentó que no tenía acceso a toda la información de la causa. Esta decisión se tomó después de que la Fiscalía Europea levantara el secreto de las actuaciones y pidiera colaboración a varias delegaciones internacionales para esclarecer las condiciones de la operación.
Otras investigaciones
Además del caso de las mascarillas, la Fiscalía Europea también está investigando cuatro contratos del Servicio Canario de Salud en el marco del caso Koldo. Estos contratos, con un importe total de 12,3 millones de euros, están siendo analizados para esclarecer si se utilizaron fondos europeos de forma irregular. Cabe recordar que la Audiencia Nacional también está investigando este caso.