Una reacción anticipada en el acuerdo ERC-PSC
El Partido Popular ha tomado la iniciativa ante el envite que supone el acuerdo entre ERC y PSC por la investidura de Salvador Illa. Sin esperar a la formación del nuevo gobierno, el PP ha registrado una propuesta para modificar la Ley del Deporte, con la que busca retirar al Estado las competencias en cuestiones deportivas, con la intención de frenar la visibilidad internacional de las selecciones catalanas.
Defendiendo una visión centralizada
La vicesecretaria del PP, Noelia Núñez, ha defendido su posicionamiento, afirmando que la propuesta de la coalición entre republicanos y socialistas distorsiona la imagen unificada que debería tener España en términos deportivos. Según ella, ‘la competencia debe ser del Estado’, destacando la importancia de mantener una representación coherente y no segmentada que pueda hacer distinciones internas entre territorios.
Un enfoque supranacional
Núñez ha enfatizado que la representación deportiva debe contemplarse desde una perspectiva supraterritorial, alegando que la promoción de las selecciones catalanas comprometería la imagen externa del país. En referencia al artículo 149.1.3 de la Constitución, ha argumentado que esta competencia debe ser gestionada exclusivamente por el Estado.
Los esfuerzos de ERC y PSC en su agenda
Por otra parte, el acuerdo entre ERC y PSC prevé la creación de una Oficina de Govern para promover las federaciones deportivas catalanas a nivel internacional, destacando así la singularidad de las competiciones catalanas. Este proyecto está fundamentado en el artículo 48.2 de la Ley del Deporte, que facilita la participación de aquellas federaciones con base histórica.
Crítica a la postura socialista
La vicesecretaria popular no ha sido de acusar al PSC de traspasar principios fundamentales a cambio de la presidencia de la Generalitat, advirtiendo que el PP no va a permitir tal conducta. Ha llamado a las voces influyentes dentro del PSOE a actuar en defensa de los intereses comunes de los españoles, instigando a una oposición activa al acuerdo con ERC para evitar una modificación de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
Citando la responsabilidad nacional
Núñez ha reclamado que los representantes socialistas se importan y voten en contra de cualquier cambio que pueda aumentar las competencias autonómicas al servicio de proyectos que quizás no representan al Estado como un todo.
