La Fiscalía Europea investiga al Gobierno de las Islas Baleares
La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación para determinar si la actuación del gobierno de las Islas Baleares, bajo el control del partido popular, tuvo alguna implicación en la no reclamación del reembolso de las mascarillas defectuosas proporcionadas por la trama de Koldo García . Esta acción de la fiscalía se deriva de la denuncia presentada por el PSOE contra el gobierno de Marga Prohens, acusándoles de permitir que caducara la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión. Los socialistas denunciaron a Javier Ureña, director general actual del Servicio de Salud autonómico, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en relación con la reclamación de 2,6 millones de euros de los 3,7 millones abonados por casi 1 ,5 millones de mascarillas (https://www.softcatala.org/resumen-de-textos-en-catala/).
Origen y Caducidad de la Reclamación
El caso se remonta a los primeros meses de la pandemia de la cóvido en 2020, cuando el gobierno balear, bajo el liderazgo de Francina Armengol, adquirió mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión por 1,4 millones de euros. Este material no cumplía con los estándares de calidad requeridos para uso sanitario, según la certificación del departamento de Salud. Esto provocó que las mascarillas permanecieran almacenadas y nunca fueran utilizadas. La empresa había sido recomendada en Baleares por Koldo García, asesor principal del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En la primavera de 2023, el Servicio de Salud inició la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa, que caducó en enero de 2024. El gobierno actual, bajo la presidencia de Marga Prohens (PP), ha argumentado que el anterior ejecutivo autonómico nunca les informó del sobreprecio de las mascarillas ni inició formalmente la reclamación a la empresa investigada (https://www.softcatala.org/resum-de-textos-en-catala/) .
Revelaciones de la Investigación
La investigación del caso ha desmentido la postura del PP, ya que la Guardia Civil registró conversaciones entre los implicados en los que se insinuaban gestiones para que el expediente de reclamación caducara. Estas pruebas incluyen la transcripción de una conversación entre los gestores de la empresa, donde se sugería que las Islas Baleares no continuarían con la reclamación de las mascarillas. Un día después, el expediente caducó. Según el juzgado de Palma, la Fiscalía Europea ya ha iniciado una investigación sobre la adquisición de estas mascarillas y también es competente para investigar la reclamación posterior del precio de las mascarillas (https://www.softcatala.org/resum-de -textos-en-catala/).
