Demandes clares a Madrid
Míriam Nogueras, portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya, ha solicitado al gobierno español que presente un modelo energético que no implique una intervención directa en las compañías del sector. Esta petición se realizó durante una reunión celebrada el martes con representantes de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
Los riesgos de un nuevo tributo
Los independentistas han expresado sus preocupaciones respecto al nuevo tributo, que consideran que puede amenazar a las inversiones industriales en el Camp de Tarragona, incluyendo una cantidad significativa de 1.100 millones de euros destinados a Repsol. Según Nogueras, ‘la forma en que estaba diseñado era insostenible en todos los aspectos’.
Requerimientos para un nuevo impuesto
En relación al impuesto a las empresas energéticas, Nogueras ha afirmado que es responsabilidad del gobierno español hacer una nueva propuesta. ‘El modelo que se ha presentado es excesivamente intervencionista y pone en peligro las inversiones en Catalunya. Nuestra prioridad es defender los intereses de los ciudadanos catalanes”, declaró.
La estrategia de Junts per Catalunya
La portavoz reiteró que su formación rechazaba el tributo actual al considerar que no era viable. ‘La decisión sobre las inversiones estratégicas debería recaer en las empresas privadas y no en un ministerio’, insistió, subrayando que el enfoque actual representa un intervencionismo excesivo.
Compromiso con Tarragona
Además, Nogueras anunció que se reunirán con agentes locales para contar sus gestiones en Madrid. ‘Frente a la falta de representación del PSC en Catalunya, nosotros estamos comprometidos con el país y queremos que la ciudadanía de Tarragona sepa que Junts está presente y activo’, afirmó.
Un acuerdo que beneficia al territorio
Josep Maria Cruset, diputado por Tarragona, recordó que el acuerdo alcanzado recientemente en el Congreso supone ‘una consolidación de mejoras para nuestra demarcación’. Destacó la eliminación del impuesto energético, que garantiza inversiones por valor de 1.200 millones de euros, la protección de los puestos de trabajo y una factura energética más asequible para los ciudadanos.
