La controversia en torno al Casal Tres Lliris en Gràcia

Reapertura de la causa en el Tribunal Constitucional

Los vecinos de Gràcia del barrio en el que se encuentra el Casal Popular Tres Lliris han presentado una solicitud ante el Tribunal Constitucional para conseguir la reapertura del caso relacionado con la cesión del casal por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Esta cuestión se vincula con Eloi Badia, exconcejal de Barcelona, ​​diputado de Sumar y candidato de Sumar Comuns a las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo, donde figura como número 1 por Girona. La petición de reapertura del caso se dio después de que el juzgado de instrucción 27 de Barcelona aceptara investigar a Eloi Badia ya cuatro técnicos por la supuesta cesión irregular de un local a una asociación juvenil en Gràcia. Esto desató una querella por prevaricación y malversación de fondos públicos, ya que la adjudicación se hizo sin concurso público.

Una cesión polémica

Según la denuncia, se cedió el local a una asociación juvenil sin seguir el procedimiento adecuado, generando problemas de convivencia en el barrio. Aunque el juzgado archivó la querella argumentando que la cesión no requería concurso público por tratarse de un uso social y no comercial, los vecinos han recurrido al TC sosteniendo que la decisión vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva .

Reclamaciones de los vecinos en el Tribunal Constitucional

Los vecinos afectados argumentan que viven con molestias a causa del ruido y la situación del edificio okupado. Sus abogados piden al TC que revierta la decisión de archivo puesto que consideran que ha habido una vulneración del derecho a recibir una protección judicial justa. Además, se quejan de que el distrito de Gràcia, bajo la presidencia de Eloi Badia entre 2015 y 2019, cedió otros espacios a colectivos okupas, generando controversia y malestar entre los vecinos.

La defensa de Badia ante los hechos

Eloi Badia, implicado en esta controversia, defendió ante el juzgado que la cesión directa del local cumplía con la legalidad, puesto que se realizaba con entidades sin ánimo de lucro y con fines sociales. Además, destacó que este tipo de cesiones directas eran práctica común en ese momento en el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, el recurso de los vecinos ante el TC pone en duda esta interpretación y reclama que se revise el caso para garantizar una protección equitativa a los residentes de la zona.

Related posts

El bolso tote: el accesorio favorito de las mujeres maduras

Los mejores hoteles gastronómicos en la Costa del Sol

El Ayuntamiento de Alcoy prioriza la prevención de incendios durante todo el año