Acción legal contra el juez Llarena
Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, ha decidido llevar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una denuncia contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Esta acción se fundamenta en lo que Boye considera un retraso injustificado en la tramitación de los recursos relacionados con la ley de amnistía que afecta a Puigdemont y Toni Comín.
La ley de amnistía y los recursos pendientes
El documento legal presentado por Boye destaca que los recursos de reforma contra la decisión de no aplicar la ley de amnistía en la imputación de malversación en Puigdemont no han sido resueltos. Esta falta de respuesta, según Boye, infringe los plazos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un aspecto que ha generado preocupación en la defensa.
Incumplimientos y consecuencias
El abogado señala que el juez ha incumplido de forma reiterada los plazos legales para resolver los recursos, y pide que el CGPJ investigue esta situación, al considerar que Llarena ha cometido una infracción disciplinaria significativa. Boye subraya que los recursos deberían haber sido resueltos en los primeros quince días de julio.
Retrasos que generan inquietud
La denuncia de Boye no sólo destaca los retrasos, sino también las repercusiones que éstos pueden tener. El juez Llarena declaró el 1 de julio que la amnistía no se aplicaba a la malversación, ya partir de ese momento, se interpusieron varios recursos por parte de la defensa, así como otras entidades como la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Interrupción de las vacaciones del juez
Boye destaca que Llarena suspendió sus vacaciones un día antes del regreso de Puigdemont a Catalunya, lo que añade otro nivel de complejidad a esta situación. La defensa ha enviado recordatorios sobre su solicitud, pero no han obtenido respuesta.
Un paso más en la lucha legal
Ante la inacción del Tribunal Supremo, Boye ha decidido escalar la cuestión en el CGPJ. Su acción busca garantizar que los derechos de Puigdemont sean respetados y que la justicia actúe de forma oportuna y adecuada. La defensa considera que la dilación en la resolución de los recursos carece de justificación.
Reflexiones finales sobre la justicia
Este caso no sólo revela las complicaciones que pueden presentarse en el sistema judicial, sino que también plantea preguntas sobre la imparcialidad y la eficiencia de las instituciones en momentos de gran presión política. La continuidad de estos retrasos podría contar con implicaciones más amplias para la percepción pública de la justicia en España.