Decisión de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea ha comunicado al partido Vox, de tendencia ultraconservadora, que no permitirá que ejerzan la acusación popular en el proceso de investigación que se lleva a cabo para determinar si existen irregularidades en dos contratos que fueron financiados con recursos de la Unión Europea. Esta investigación está desvinculada de la causa que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la cual es dirigida por el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, por posible tráfico de influencias.
Reacción de Vox ante la negativa
Según informaciones de Europa Press, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha indicado que el partido de extrema derecha apelará esta decisión, argumentando que la legislación española otorga a las acusaciones populares el derecho a recibir protección judicial efectiva. La investigación de la Fiscalía Europea se centra en dos subvenciones que fueron concedidas a la Unión Temporal de Empresas Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es.
Contexto legislativo en España
Es importante mencionar que España es el único país de Europa que permite a los partidos políticos y sindicatos actuar como acusación popular en procesos penales. Esta situación ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal Supremo y ya se abordaba en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que se presentó en 2011.
Vox exige transparencia
La abogada del partido Vox ha expresado su deseo de «conocer e intervenir» en las diligencias relacionadas con este caso, asegurando que es fundamental evitar que se establezca un «procedimiento opaco» donde no puedan tener acceso a la información sobre lo que se está investigando. Esta inquietud surge después de que el partido solicitara formalmente el 6 de julio del año en curso su participación como acusación popular en la causa abierta en junio por la Fiscalía Europea.
Detalles de la investigación
La investigación liderada por la Fiscalía Europea involucra específicamente dos contratos que fueron otorgados a una UTE en la que se incluye a una empresa vinculada con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha sido imputado tras presentarse como testigo. Estos contratos fueron realizados a través de adjudicaciones públicas de Red.es, las cuales fueron financiadas con fondos de la Unión Europea. La causa se originó a raíz de una querella presentada por la asociación Manos Limpias, que alega que Begoña Gómez, «aprovechando su estatus personal como esposa del presidente del Gobierno español», estuvo implicada al respaldar mediante cartas a empresarios que optaban a licitaciones públicas.
Complicaciones en la investigación
La investigación en torno a Begoña Gómez ha estado rodeada de polémicas respecto a cómo se está llevando a cabo el proceso por parte del juez Peinado. Un reciente hecho controvertido es la citación que ha realizado al presidente Pedro Sánchez como testigo para el próximo 30 de julio, a la cual se le ha dado forma utilizando referencias a artículos de la ley que no existen. El magistrado se trasladará a La Moncloa para tomar declaración, y es posible que Sánchez opte por no declarar en contra de su esposa, una dispensa que está contemplada en el artículo 416 de la LECrim, el cual protege a los familiares directos, ascendientes y descendientes, así como al cónyuge.