La postura de la Junta de Castilla y León frente al informe de la ONU
La Junta de Castilla y León ha decidido no emitir un pronunciamiento sobre el informe de la ONU que alerta sobre las leyes de concordia del PP y Vox. Según fuentes del gobierno autonómico, esto se debe a que no han recibido el informe y, por lo tanto, no pueden pronunciarse al respecto.
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha expresado su interés en recibir el informe de manera formal para poder estudiar su contenido. Además, ha planteado interrogantes sobre la imparcialidad de los relatores y su conocimiento de la legislación española.
La importancia de tratar a todas las víctimas de conflictos políticos y religiosos
El gobierno autonómico ha destacado la importancia de tratar de manera neutral y amplia a todas las víctimas de conflictos políticos y religiosos en España durante el siglo XX. Según García-Gallardo, esto es una cuestión de justicia y no se dejarán influenciar por el informe de la ONU.
En relación a la omisión de la condena a la dictadura franquista en la futura ley y al pronunciamiento explícito del PP a favor de una PNL socialista que sí lo hacía, García-Gallardo ha ironizado sobre la inclusión de condenas históricas en las leyes. Según él, la Ley de Concordia no tiene como objetivo juzgar la historia, sino ofrecer protección a todas las víctimas de persecución política y religiosa.
El proceso de elaboración de la ley de concordia
El vicepresidente de la Junta ha recordado que la ley de concordia fue registrada en junio de 2022 y que se han llevado a cabo negociaciones con el PP para llegar a un consenso. Según García-Gallardo, la inclusión de la condena a la dictadura franquista no sería razonable, ya que las leyes no están destinadas a ese propósito. Además, ha calificado las críticas como maniobras de distracción por parte de la izquierda.
En resumen, la Junta de Castilla y León ha decidido no pronunciarse sobre el informe de la ONU debido a que no lo ha recibido. El gobierno autonómico destaca la importancia de tratar a todas las víctimas de conflictos políticos y religiosos de manera neutral y amplia. Además, se ha enfatizado que la ley de concordia no tiene como objetivo juzgar la historia, sino proteger a las víctimas de persecución política y religiosa. Por último, se ha recordado que la ley fue registrada en junio de 2022 y se han llevado a cabo negociaciones con el PP para llegar a un consenso.