Un conflicto que desafía la legalidad
En un incidente que se remonta al verano de 2021, un grupo de militantes de Cassoles Housing Union accedió a una propiedad desocupada del Consejo Provincial de Barcelona, ubicado en la calle Ferran Puig, con la intención de organizar familias en situaciones vulnerables. Esta acción ha llevado al cargo de intento de robo, un delito que ha generado un considerable debate social y legal.
Desalojo y arrestos controvertidos
El 26 de julio de 2021, los Mossos d’Esquadra intervino en la propiedad después de recibir una queja, haciendo un desalojo sin orden judicial. En total, nueve personas fueron arrestadas y enfrentaron una sentencia programada para el 29 de abril, y la fiscalía reclamó ocho meses de prisión para cada uno de ellos.
El contexto del desalojo
Según el informe policial, los militantes fueron interceptados mientras intentaban acceder al vestíbulo de la casa, donde se había desatado una puerta. Sin embargo, el acusado argumenta que la intervención policial no estaba justificada ya que no había orden judicial. Los agentes justificaron su acción con la idea de que podrían actuar sin supervisión judicial en caso de indicaciones de que la casa no estaba ocupada por la que la había ocupado.
Reacciones y defensa legal
El abogado alerta a Solidaria, Carles Hurtado, ha expresado su insatisfacción con las acusaciones, rechazando la posibilidad de que haya habido un delito de robo. Hurado exige la absolución de los acusados, argumentando que su acción respondió a una necesidad social.
La perspectiva del movimiento del hogar
Hadriano, uno de los militantes, considera que la causa es un reflejo de la persecución sufrida por el movimiento por la vivienda. En un reciente plenario del distrito, el concejal Albert Batlle declaró que las acciones de los sindicatos por vivienda interrumpieron el orden público, lo que ha llevado a una reacción negativa entre los activistas.
Las implicaciones económicas y legales
Aunque un experto judicial evaluó el daño a las puertas a 395 euros, el Diputació de Barcelona reclama un total de 3,376.57 euros para reparaciones y vigilancia de la propiedad. Esta discrepancia en las valoraciones genera más tensión en un contexto ya complicado.
Una lucha colectiva en marcha
Además de 9 cazolas, el movimiento del hogar enfrenta otros juicios inminentes. El 23 de abril, tres militantes serán juzgados por la ocupación del bloque de la bifurcación, y a partir del 9 de mayo, 21 personas tendrán que lidiar con el juicio por la ocupación del bloque y luego a Poble-SEC, agregando un total de 33 personas acusadas de varias razones.
Campaña de apoyo y solidaridad
Para lidiar con los gastos legales derivados de este proceso judicial, el grupo de apoyo de los 9 en Cassoles ha lanzado una campaña de crowdfunding con el objetivo de obtener los fondos necesarios y exigir la absolución de los acusados. Esta acción enfatiza la solidaridad y el compromiso del movimiento con la lucha por el derecho a la vivienda.
