Arrestos que marcan una comunidad
En la mañana del 11 de enero de 2023, la comunidad de Santa Marta fue sacudida por el arresto de cinco activistas ambientales prominentes: Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Riva y Miguel Gámez. Su oposición frontal a las iniciativas mineras ha generado un clima de tensión y miedo, ahora amplificado por su inminente tribunal.
Un juicio con sombra de manipulación
Después de rechazar un juicio en febrero pasado, los activistas enfrentaron un nuevo período de espera con el Tribunal Superior programado para mayo. Los miembros de la comunidad temen que esta demora sea una táctica deliberada para desestabilizar e intimidar a la oposición.
Un contexto de criminalización
Alfredo Leiva, residente de Santa Marta y parte de la Asociación de Desarrollo Social Económico ‘Santa Marta’ (ADES), afirma que la fiscalía no ha presentado pruebas sólidas contra los detenidos. También cree que el estado ha decidido usar su institución para silenciar las voces críticas en un momento en que la minería se promueve como un pilar de crecimiento económico.
Una historia de resistencia
La lucha contra la minería de metales comenzó a principios del siglo XXI, que culminó con la aprobación de la primera ley que prohibió esta práctica en 2017. Sin embargo, con el surgimiento de Nayib Bukele en el poder, el Salvador firmó un acuerdo internacional para promover la ‘minería sostenible’, un cambio que coincidió con arrestos activistas.
Un régimen excepcional permanente
Con tres años de excepción, el Salvador ha visto un aumento alarmante en los arrestos arbitrarios. Según informes recientes, más de 85,000 personas han sido encarceladas, con mil muertes bajo custodia estatal, una situación que ha generado un clima de miedo entre la población.
Derechos humanos en peligro
Verònica Reyna, del Servicio Social Passionista (SSPA), enfatiza que en este contexto, los derechos individuales han sido severamente restringidos. El arresto no requiere evidencia, y las condiciones de vida en las prisiones son deplorables, con la pérdida de casi todos los derechos.
Ataques contra voces feministas
Desde 2021, las organizaciones feministas han sido objeto de ataques y criminalización, como Las Mélidas, que fue perseguido por un proyecto de alfabetización. Amaranta Portillo, presidenta de la organización, denuncia que el objetivo del estado es desmantelar las voces que cuestionan las violaciones de los derechos humanos.
Acoso digital: una nueva forma de violencia
Un informe reciente revela que el acoso digital se ha convertido en una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres en El Salvador. Este tipo de agresión misógina, a menudo busca silenciar las voces femeninas y perpetuar un clima de miedo.
Un futuro incierto
Con la aprobación de la nueva ley general de minería, que le da al estado el monopolio de los recursos naturales, la lucha por la defensa ambiental y los derechos humanos se presenta como un desafío cada vez más complejo. La comunidad de Santa Marta, a pesar de las adversidades, continúa luchando por su dignidad y un futuro más justo.
