Revuelta ante el aumento excesivo de los alquileres
Recientemente, un grupo de residentes de bloques de viviendas protegidas en Salou y Sentmenat, administrado por Inmocaixa, ha decidido suspender el pago de alquileres en respuesta a las prácticas abusivas de los propietarios. Esta decisión se presenta como una de las primeras acciones coordinadas después de la demostración masiva del 23 de noviembre, organizada por la Unión de los Inquilinos con el eslogan ‘Se acabó: ¡bajamos los alquileres!’.
Un problema que crece en Cataluña
Cataluña ha visto que el acceso a la vivienda se convierte en una de las preocupaciones más importantes para su población, como lo indica el barómetro del Centro de Estudios de Opinión. Los datos del Banco de España revelan que los precios de la renta han aumentado en un 58% entre 2015 y 2023, mientras que los salarios han crecido en solo un 17%. Esta disparidad ha contribuido a un aumento alarmante en los desalojos.
Aumento de los desalojos
Según el Observatorio de Vivienda Asociable de Provival, se han registrado aproximadamente 41,000 desalojos en España durante 2023, la mayoría de los cuales se deben al no pago de alquileres. Más del 65% de los hogares gastan una cuarta parte de sus ingresos por alquiler, con un 31% más del 40%.
Acciones colectivas para una vivienda decente
La plataforma afectada por la hipoteca (PAH) y la unión de los inquilinos han sido pioneros en la defensa del derecho a la vivienda. Sus acciones, como la manifestación de noviembre, han destacado la insuficiencia de las políticas públicas para controlar el aumento de los precios y garantizar una vivienda social adecuada.
La situación actual de la vivienda social
Actualmente, solo el 2.5% del stock de viviendas en España está destinado a la renta social, una cifra que está muy por debajo del promedio europeo del 9%. Esta baja inversión es uno de los principales obstáculos para abordar la crisis de la vivienda de manera estructural.
Una movilización necesaria
Ante esta realidad, es esencial que haya una movilización colectiva e intergeneracional que muestre desigualdades y requiere medidas efectivas por parte de las autoridades. El derecho a la vivienda decente no puede subordinarse a los intereses del mercado.
Diversidad de grupos afectados
Es vital que las acciones tengan en cuenta la diversidad de grupos afectados por la exclusión residencial: jóvenes, migrantes, personas desempleadas, familias monoparentales, entre otros. La participación de los ciudadanos en los espacios de decisión política es esencial para garantizar que la vivienda sea un derecho universal y no un privilegio.
El futuro de la lucha de la vivienda
Para que la frase «termine» se convierta en realidad, se necesita un compromiso continuo y un esfuerzo conjunto para cubrir tanto la lucha institucional como la acción directa. Solo de esta manera se puede construir un futuro donde la vivienda sea un derecho garantizado para todos.