Denuncia ante el CGPJ: Un giro estratégico
Carles Puigdemont y Antoni Comín han llevado su batalla legal un paso más allá al presentar una denuncia formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra del juez Pablo Llarena, encargado del caso conocido como ‘Procés’. Esta acción refleja una nueva estrategia en su intento de desafiar la legitimidad del proceso judicial que les afecta.
Argumentos que sustentan la denuncia
Los denunciantes sostienen que ha habido una ‘desatención y un retraso injustificado’ en la tramitación de los recursos relacionados con la ley de amnistía. Según documentos a los que ha tenido acceso El Món, el retraso en la resolución de la causa especial número 20907/2017 ha sido constante y deliberado, lo que ha motivado la presentación de varios recursos para acelerar el proceso.
La defensa argumenta premeditación
La defensa de Puigdemont y Comín, liderada por el abogado Gonzalo Boye, ha calificado el retraso como un acto premeditado que no solo afecta a sus clientes, sino que también involucra al ministerio fiscal y a la abogacía del Estado. Este contexto plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso.
Consecuencias del retraso judicial
La denuncia resalta que más de treinta días sin una resolución sobre los recursos es un agravante significativo. La gravedad de la situación se intensifica debido a que ambos enfrentan medidas provisionales que afectan su libertad personal, como órdenes de detención.
Contraste en la gestión del tiempo judicial
Un punto crítico de la denuncia es la aparente falta de urgencia por parte del juez Llarena al resolver estos recursos, especialmente en contraste con su rápida acción para suspender sus vacaciones con el fin de supervisar la detención de Puigdemont, una operación que finalmente no se concretó el pasado 8 de agosto.
Perspectivas futuras y reflexiones
Este nuevo desarrollo en el caso de Puigdemont y Comín no solo refuerza la resistencia del exilio catalán, sino que también plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial en España. La denuncia presentada ante el CGPJ podría abrir nuevas vías de análisis y discusión sobre la aplicación de la ley de amnistía y la capacidad del sistema judicial para manejar casos políticamente sensibles.