Inversión significativa en infraestructuras
El gobierno español ha anunciado un plan de inversión que asciende a 200 millones de euros entre 2024 y 2033. Esta cantidad se destinará a la construcción de una nueva vía que conectará Terrassa con Castellar del Vallès, completando así la continuidad del cuarto cinturón (B-40).
Acuerdo entre administraciones
Recientemente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado un acuerdo formalizado entre el Estado y la Generalitat, detallando la responsabilidad del gobierno español en la financiación total de la infraestructura. La Generalitat, por su parte, se encargará de las gestiones necesarias para el estudio del trazado y trámites ambientales.
Condiciones del convenio
El convenio establece que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible será el encargado de gestionar y aprobar los proyectos relacionados con la construcción de la carretera, siguiendo la normativa estatal. Asimismo, se define que, una vez finalizadas las obras, la nueva vía será transferida al Estado.
Previsiones y advertencias sobre el proyecto
Según el documento oficial, los años 2029 a 2032 serán cruciales para la inversión, con un presupuesto de 40 millones anuales. Sin embargo, se destaca la necesidad de un acuerdo adicional en caso de que los costes superen las estimaciones iniciales.
Reacciones de la sociedad civil
El colectivo Campaña contra el Cuarto Cinturón (CCQC) ha expresado su oposición al proyecto, anunciando su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo. Su portavoz, Toni Altaió, ha manifestado que este acuerdo confirma las intenciones del gobierno español de continuar con el proyecto, pese a las objeciones ambientales.
Críticas a la gestión de la Generalitat
Altaió criticó el papel que jugará la Generalitat, considerándolo como un subcontratista con poco poder sobre el proyecto. Asimismo, subrayó la importancia de incluir las voces de las entidades locales en el proceso de tramitación ambiental.
Perspectivas de futuro
Con este nuevo acuerdo, se plantean interrogantes sobre el impacto ambiental y social que puede tener la construcción de esa carretera. La comunidad y las organizaciones ecologistas continuarán vigilando de cerca la situación, exigiendo transparencia y participación en los procesos de decisión.
