Posicionamiento de las entidades
Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) e Irídia han presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona exigiendo que la amnistía no se aplique en los casos de los policías que cometieron violencia policial durante el referéndum de el 1-O. Las tres entidades presentan este escrito respondiendo a la petición del juez instructor que investiga a los policías del 1-O por vulneraciones de derechos, quien ha pedido el posicionamiento a las partes personadas. Òmnium y el ANC responden como acusación popular e Irídia como particular. En un comunicado conjunto, advierten que en caso de que se les aplique la amnistía «van a acudir a las instancias necesarias».
Argumentación de las entidades
Las tres organizaciones sostienen que «la ley de amnistía no puede beneficiar a los responsables de la brutalidad policial ejercida contra la ciudadanía, ya que es incompatible con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales». Òmnium, la ANC e Irídia argumentan que los actos de violencia policial ejercida durante el referéndum deben quedar fuera de la aplicación de la ley, ya que «pueden representar delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes, que superan el umbral de gravedad de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)».
Reclamación de justicia
Las entidades aprovechan para denunciar que en siete años no se ha celebrado todavía juicio alguno y «las víctimas de violencia policial aún no hayan podido acceder a su derecho a la justicia, a la verdad ya la reparación». En caso de que se acabara aplicando la amnistía en los casos de estos policías, advierten que recurrirán a las instancias necesarias «para no dejar impune la violencia policial».
Posicionamiento de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía ha pedido amnistiar a los 46 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil imputados por las cargas el 1-O. «La ley declara expresamente amnistiadas las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a impedir la realización de actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa como los ejecutados en el marco de la consulta celebrada en Cataluña el pasado 1-O de 2017, dentro del contexto del llamado proceso independentista catalán», alegó en un comunicado del pasado miércoles. Òmnium, la ANC e Irídia rechazan la postura de la Fiscalía y remarcan que no están sorprendidas por su posicionamiento, puesto que «ha pedido el sobreseimiento del procedimiento desde su inicio, en el 2017».