Ingresos de Ignacio Garriga
Se ha revelado información sobre los presuntos ingresos extraordinarios de los fondos del Parlament de Vox que habría cobrado Ignacio Garriga, líder de los ultras en Catalunya. Según consta en los recibos en forma de factura, Garriga justificó el sobresueldo que ha cobrado a costa del grupo parlamentario como ‘pago de los servicios de despacho y atención en la sede’.
En una investigación interna de la Auditora de Cuentas del Parlament se señala que Garriga acumuló en 2 años un total de 39.361 euros de gastos irregulares por varias vías. Los portavoces de Vox han evitado dar explicaciones sobre a qué hace referencia el concepto ‘servicios de despacho’, pero han detallado que la Auditora de Cuentas solo pidió que se diera detalles de la actividad económica y declaración de bienes de Garriga.
Facturas y Gastos
El digital ha tenido acceso a las facturas de mayo, junio y julio del 2021, las cuales son de 1.538,46 euros brutos cada una, en las cuales el vicepresidente de Vox retenía un 35% de IRPF, 538,46 euros en cada recibo. El origen de esta investigación recae en la denuncia que una diputada díscola de la formación de Santiago Abascal presentó hace dos meses ante la Oficina Antifraude contra Garriga, asegurando que facturaba gastos personales a cargo del grupo parlamentario.
El informe detalla dos tipos de gastos diferentes: los que Garriga justificó como gastos personales con la tarjeta del grupo parlamentario, y las facturas que emitía cada mes. Entre el primer grupo se encuentran gastos como tintorería, ocio, peluquería, servicios de Glovo, por valor de 603,35 euros, e incluso el AMPA de la escuela de los hijos de Garriga. En cuanto a las facturas, el informe señala que en 2021 recibió un total de 12.307,68 euros.
Aclaraciones y Propuestas
El informe indica que la Mesa puede pedir aclaraciones al grupo de Vox relacionadas con el tipo de actividad profesional que ha ejercido el diputado y por el que habría cobrado 38.496,59 euros. Además, propone mejorar los mecanismos de control de los gastos, sugiriendo un cambio de norma para ejercer un control más amplio sobre el importe que reciben los grupos parlamentarios, que provienen de una subvención pública.
En ningún momento se valora si el hecho es un delito, ni se propone que la Mesa pida a Garriga que devuelva el dinero. Sin embargo, se sugiere modificar la normativa actual para ampliar el alcance del control financiero.
