La Seguridad Social ha encargado una auditoría a Deloitte tras averiguar irregularidades en las prestaciones de invalidez parcial y en los importes indebidos. La auditoría fue enviada a la fiscalía, que detectó indicios de delito y trasladó el caso a la Alcaldía, una oficina judicial especializada en cuestiones que afectan a la Función Pública.
La Alcaldía ha establecido el secreto de sumario de las actuaciones durante tres meses, el máximo permitido en diligencias previas. La alcalde encargada del caso ha iniciado las primeras actuaciones y agentes de la unidad de delitos económicos de la policía, con el apoyo de funcionarios de delitos tecnológicos, han analizado la documentación en la sede de la Seguridad Social.
La Alcaldía está investigando una presunta administración desleal del patrimonio público, que está tipificada como delito en el Código Penal. Además, se estableció el secreto de sumario durante tres meses para garantizar la tranquilidad en las investigaciones. Durante este período, la comisión de encuesta del Consejo General estará parada.
Aunque la investigación judicial y la parlamentaria no son totalmente incompatibles, el artículo 49 c) del Reglamento del Consejo General dificulta la continuidad de los trabajos de la comisión de encuesta. Según este artículo, la comisión puede reclamar la presencia de cualquier ciudadano, pero no puede hacerlo cuando las personas estén sometidas a un procedimiento jurisdiccional directamente relacionado con la cuestión objeto de la investigación o cuando se trate de personas privadas de libertad. Esto implica que los trabajos de la comisión de encuesta tendrán que ser parados, ya que algunos de los citados a declarar estarán encausados.
La CASS ha informado por carta a los responsables de la comisión parlamentaria de que ya existe una investigación judicial en marcha para averiguar si ha habido un comportamiento delictivo en la Seguridad Social. El agujero económico de los últimos tres años sería de aproximadamente 1 millón de euros, y si se tuviera en cuenta todo el dinero pagado de más desde 1971, el importe superaría los 8,5 millones de euros.
