El contexto de la controversia
En el trasfondo de todo ello está la cuestión de si la voluntad de la propiedad de la borda de finalizar el contrato de arrendamiento fue debidamente comunicada. Esta situación ha generado una disputa legal entre las sociedades arrendataria y subarrendataria, con los explotadores de la discoteca y el restaurante como actores principales. Aunque los establecimientos están ya cerrados desde hace tiempo, la confusión sobre la finalización del contrato ha sido objeto de análisis por parte de las instancias judiciales ordinarias .
La intervención de Josep Maria Loan
Otro factor clave en esta controversia es la intervención de Josep Maria Loan, un empresario vinculado al negocio en cuestión. Según un dictamen reciente del Tribunal Constitucional, Loan es socio de la sociedad Pou Salit SL, que participa en la sociedad Buda Espai Andorra SA. Esta última es considerada la arrendataria, y Loan también es socio y administrador único. Su participación en ambas sociedades ha sido objeto de análisis por parte de los tribunales, que han concluido que Loan podía tomar decisiones en nombre de la arrendataria e interponer incidentes en nombre de la sociedad Buda Espai Andorra SA.
Los argumentos de las partes involucradas
Tanto la empresa que explotaba el negocio como Buda Espai han presentado recursos legales argumentando que se han vulnerado sus derechos y que la valoración de la prueba ha sido errónea y arbitraria. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha considerado que la sala civil del Tribunal Superior de Justicia ha emitido una decisión razonable y lógica, basada en la valoración de la prueba y en la jurisprudencia existente.
La decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional avaló la decisión de la sala civil del Tribunal Superior de Justicia y consideró que el recurso presentado no tiene contenido constitucional. Por tanto, ha rechazado el recurso de amparo y ha confirmado el lanzamiento acordado por la Alcaldía en marzo de 2023 .
