Los grandes partidos finalizan la fase de ponencia
La reforma judicial impulsada por PP y PSOE ha llegado a la fase final de su proceso antes de ser aprobada. Durante la fase de ponencia, ambos partidos han realizado ajustes técnicos a la propuesta, con la participación de los letrados de la Cámara. Esta etapa ha culminado con el traslado del informe a la Comisión de Justicia, donde se contempla la aprobación del texto.
Rechazo de las enmiendas de Sumar
Los partidos mayoritarios rechazaron las enmiendas presentadas por Sumar durante la reunión de la ponencia en el Congreso. Esta decisión se enmarca en el acuerdo entre el PP y el PSOE, que estipula que ninguno de los dos partidos apoyará enmiendas que no cuenten con el consenso de ambos. Como resultado, las propuestas del socio minoritario del Gobierno de coalición no han sido aceptadas, y se prevé que estas enmiendas tampoco prosperen en el debate de la Comisión de Justicia.
Posibles pasos siguientes
Sumar ha decidido mantener sus enmiendas para la discusión en la Comisión de Justicia. Posteriormente, el grupo plurinacional deberá determinar si mantiene las enmiendas para el debate en el Pleno, donde la proposición de ley será sometida a votación. Se prevé que, con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, la propuesta será aprobada sin cambios significativos.
Ajustes técnicos sin impacto sustancial
Durante la fase de ponencia, se ha informado de que los ajustes realizados por PP y PSOE han sido de naturaleza técnica y no han afectado al contenido de la norma. Esta reforma legislativa tiene como objetivo abordar cuestiones como las ‘puertas giratorias’ en la Justicia, reforzar las mayorías en los nombramientos judiciales y sentar las bases para cambios en el sistema de elección de vocales del CGPJ.
Enmiendas parciales y propuestas de Sumar
Sumar ha presentado enmiendas parciales a la proposición de ley, incluyendo propuestas como la designación de suplentes específicos para vocales del CGPJ y el acceso a plazas de salas del Tribunal Supremo. Además, plantearon la necesidad de garantizar el acceso a estas plazas para determinados grupos de magistrados y abogados. También han propuesto disposiciones relacionadas con el reingreso de juristas que hayan desempeñado cargos políticos.
