Investigación Judicial en Marcha
La Seguridad Social, tras recibir una auditoría de Deloitte, ha remitido el informe a la fiscalía, que ha detectado indicios de delito y ha trasladado el caso a la Batllia, un tribunal especializado en asuntos de la Función Pública.
La Batllia ha decretado el secreto de sumario durante tres meses, el plazo máximo permitido en las diligencias previas.
La policía judicial, con el apoyo de la unidad de delitos económicos y funcionarios de delitos tecnológicos, ya ha realizado una inspección en la sede de la Seguridad Social, recopilando documentación y pruebas relevantes para la investigación.
Administración Desleal del Patrimonio Público
La Batllia investiga una posible administración desleal del patrimonio público, según el artículo 389 del Código Penal, que castiga a las autoridades o funcionarios que abusen de sus competencias en beneficio propio o de terceros, causando perjuicios a la entidad pública.
Paralización de la Comisión de Encuesta Parlamentaria
El inicio de la investigación judicial ha paralizado la comisión de encuesta del Consell General, que tenía previsto escuchar a técnicos y exdirectivos de la Seguridad Social el 8 de mayo.
El artículo 49 c) del Reglamento del Consell General establece que la comisión de encuesta no puede reclamar la presencia de personas que estén sujetas a un procedimiento jurisdiccional relacionado con el objeto de la investigación.
La Seguridad Social ha informado a la comisión parlamentaria de la investigación judicial en curso, lo que ha llevado a la paralización de los trabajos.
Posible Componente Delictivo
La investigación se centra en determinar si el comportamiento de la Seguridad Social, especialmente desde 2016, ha tenido un componente delictivo.
El supuesto agujero en los últimos tres años asciende a más de 1 millón de euros, mientras que la cifra total de pagos indebidos desde 1971 podría superar los 8,5 millones de euros.