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El ascenso de Dolores Delgado y la querella del Partido Popular por prevaricación administrativa

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Introducción

En los últimos días, el Partido Popular (PP) ha anunciado que presentará una querella contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta prevaricación administrativa en el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de la Sala del Militar al Tribunal Supremo. Esta acción legal ha generado gran controversia y ha puesto en el centro del debate la independencia y la imparcialidad del Ministerio Fiscal.

El contexto del ascenso de Dolores Delgado

Según el PP, el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Fiscal fue realizado con el objetivo de «pagar una deuda de gratitud» y propiciar su incorporación a la carrera en dicha categoría. El partido argumenta que el fiscal general tuvo un «carácter decisivo» en este nombramiento, alegando que se cometió un delito de prevaricación administrativa.

Cabe destacar que el Tribunal Supremo ya anuló el ascenso de Delgado el pasado mes de noviembre, al considerar que hubo «desviación de poder» por parte de su sucesor. Ahora, el PP presenta una querella en la que sostiene que García Ortiz sabía que no contaba con el apoyo legal para proponer a Delgado para el cargo, y que la proposición fue «arbitraria» y se realizó en contra de la opinión de la mayoría del Consejo Fiscal.

Acusaciones adicionales contra Dolores Delgado

Además de la querella por prevaricación administrativa, fuentes del PP han destacado que Dolores Delgado ha sido acusada recientemente por un fiscal anticorrupción de apartarlo de investigaciones relevantes para el interés mercantil de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón. Estas acusaciones han generado aún más polémica en torno a la actuación de Delgado y su posible influencia en decisiones judiciales.

La sentencia del Tribunal Supremo

En la sentencia del pasado noviembre, el Tribunal Supremo consideró que el ascenso de Dolores Delgado buscaba llenar una falta de la legislación en vigor y que se apartaba de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal. Según el Supremo, esto constituye una desviación de poder y podría constituir un delito de prevaricación según el artículo 404 del Código Penal.

Conclusiones

El caso del ascenso de Dolores Delgado y la querella presentada por el Partido Popular por prevaricación administrativa ha generado un intenso debate sobre la independencia y la imparcialidad del Ministerio Fiscal. El Tribunal Supremo ya anuló el ascenso de Delgado por desviación de poder, y ahora será el encargado de evaluar la querella presentada por el PP. El resultado de este proceso legal será determinante para el futuro de Dolores Delgado y para la percepción de la justicia en nuestro país.

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