El caso de los «3.000 millones de los Pujol» fue uno de los grandes escándalos que sacudieron el panorama político español hace unos años. Se trataba de una supuesta fortuna oculta que la familia del expresidente catalán Jordi Pujol habría acumulado durante décadas, y que implicaba especialmente a su hijo menor, Oleguer. Sin embargo, tras una larga investigación judicial, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó la causa por «inexistencia de indicios de delito». Lo que pocos saben es que este caso fue una operación orquestada por la llamada policía patriótica, una trama de agentes y mandos policiales al servicio del Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy, que tenía como objetivo desacreditar al movimiento independentista catalán.
El origen del caso: el Proyecto Ole
La policía patriótica, dirigida por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se dedicaba a fabricar informes falsos, filtrar datos sensibles a la prensa y realizar seguimientos ilegales a políticos, empresarios y periodistas que consideraban enemigos del Estado. Uno de sus principales objetivos era el clan Pujol, al que veían como el símbolo del nacionalismo catalán y el impulsor del proceso soberanista. Para ello, crearon el denominado Proyecto Ole, que consistía en investigar las actividades empresariales de Oleguer Pujol, que se dedicaba a la compraventa de inmuebles a través de fondos de inversión extranjeros.
El Proyecto Ole se basaba en una información que Villarejo obtuvo de un supuesto confidente alemán, que le dijo que Oleguer Pujol cobraba comisiones del fondo que gestionaba sus operaciones inmobiliarias. Una de estas operaciones fue la adquisición de una cartera de 1.152 oficinas del Banco Santander y del Grupo Prisa, que se valoró en unos 2.000 millones de euros. La policía patriótica infló esta cifra hasta los 3.000 millones, y la presentó como la prueba de la fortuna ilícita de los Pujol. Sin embargo, esta operación fue totalmente legal y transparente, y no hubo ninguna irregularidad ni delito fiscal por parte de Oleguer Pujol ni de su fondo de inversión.
La manipulación mediática y judicial
El caso de los «3.000 millones de los Pujol» se difundió ampliamente por los medios de comunicación afines al unionismo, que lo utilizaron como arma arrojadiza contra el independentismo catalán. Se creó una imagen de corrupción generalizada y de enriquecimiento ilícito a costa del erario público, que afectaba a toda la familia del expresidente Pujol. El caso también tuvo una repercusión judicial, ya que el juez Pedraz abrió una causa contra Oleguer Pujol y otras 18 personas por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal. La causa se basaba en los informes de la policía patriótica, que no aportaban ninguna prueba sólida ni veraz, sino meras conjeturas y sospechas.
Durante diez años, el juez Pedraz mantuvo la causa abierta, sometiendo a Oleguer Pujol y a su familia a un escrutinio constante y a medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Sin embargo, nunca encontró ningún indicio de que Oleguer Pujol hubiera cometido ningún delito, ni que tuviera una fortuna oculta en el extranjero. Finalmente, en octubre de 2023, el juez Pedraz decidió archivar la causa, reconociendo que no había ninguna prueba ni ningún motivo para seguir investigando.
La verdad sale a la luz: la implicación de la policía patriótica
El archivo de la causa de los «3.000 millones de los Pujol» supuso un varapalo para la policía patriótica, que vio cómo se desmontaba uno de sus principales montajes contra el independentismo catalán. Pero lo peor estaba por llegar, ya que la propia policía española destapó la implicación de la trama de Villarejo en este caso. En un atestado de enero de 2022, la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía reveló que entre la documentación incautada a Villarejo se encontraba el Proyecto Ole, que demostraba que la policía patriótica había fabricado el caso de los «3.000 millones de los Pujol» a partir de una información falsa y sin ningún rigor. El atestado se incorporó al sumario Tándem, la macrocausa que investiga los negocios ilícitos de Villarejo y sus conexiones con el Ministerio del Interior.
Además, una conversación grabada entre Villarejo y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, en abril de 2013, confirmaba que los dos estaban detrás del caso. En la conversación, Villarejo le contaba a Martín Blas que tenía un nuevo confidente que le daría información sobre la familia Pujol, y que se trataba del Proyecto Ole. Martín Blas le aconsejaba que fuera «despacio» porque «era más complicado que el resto». La conversación también se incluyó en el sumario Tándem, que está bajo la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que la semana pasada rechazó de nuevo la personación de los Pujol. Sin embargo, esta decisión podría cambiar, teniendo en cuenta el atestado y la conversación que evidencian la manipulación de la policía patriótica.
Conclusiones
El caso de los «3.000 millones de los Pujol» ha sido uno de los ejemplos más flagrantes de la actuación de la policía patriótica, que utilizó sus recursos y su influencia para intentar desprestigiar al independentismo catalán y a sus líderes. Se trata de una operación basada en mentiras, sin ninguna base jurídica ni periodística, que buscaba crear una opinión pública hostil hacia Cataluña y su derecho a decidir. Sin embargo, la verdad ha salido a la luz, y ha quedado demostrado que la familia Pujol no tenía ninguna fortuna oculta, ni había cometido ningún delito. Por el contrario, los que sí han cometido delitos son los responsables de la policía patriótica, que tendrán que responder ante la justicia por su actuación ilegal y antidemocrática.