Un Veredicto Inédito en la Industria
La CNMC ha hecho historia con una decisión que marca un antes y un después en el sector de las reservas online. La sanción impuesta a Booking, de 413,24 millones de euros, no sólo es la más alta hasta ahora en España, sino que supera en dos ocasiones la multa anterior mayor registrada por un cártel del mundo de la construcción en 2022.
Evidencias de Abuso de Poder
El procedimiento legal que culminó en este veredicto fue iniciado por dos asociaciones hoteleras en el 2021, que presentaron quejas contra Booking por su conducta supresora y las desfavorables condiciones impuestas a sus colaboradores. Estas denuncias condujeron a una investigación que ha validado sus preocupaciones respecto al abuso de su posición dominante en el mercado.
La Dominancia del Mercado
Booking ha mantenido una cuota de mercado que varía entre el 70% y el 90% en los últimos años, lo que le ha situado como el jugador principal, dejando a competidores como Expedia y Airbnb con una presencia considerablemente menor en el ámbito de la intermediación de alojamientos.
Conductas Anticompetitivas Configuradas
La CNMC ha identificado dos formas de abuso que justifican la sanción. El primero es la imposición de cláusulas que obligan a los hoteles a mantener el precio más bajo en Booking, limitando así su libertad de compresión y de competición. El segundo, un abuso exclusivista, donde la forma en la que se clasifican los alojamientos en la plataforma beneficia a Booking, por lo que las instituciones competidoras ven dificultada su capacidad de competición.
Repercusiones y Futuro Inmediato
Además de la sanción monumental, la CNMC ha dictado medidas correctivas para garantizar que Booking no repita estas prácticas. Con las nuevas regulaciones europeas establecidas por la Ley de Mercados Digitales, las acciones ilegítimas podrían afrontar un control aún más riguroso en el futuro.
El Camino Judicial Continúa
Booking, en respuesta a la sanción, ha decidido apelar ante la jurisdicción administrativa. La disputa legal no sólo beneficiará a la empresa en su defensa, sino que también podrá abrir un debate más amplio sobre los marcos regulatorios del sector. La primera instancia será asunto de la Audiencia Nacional, aunque se prevé que el caso pueda elevarse hasta el Tribunal Supremo, apuntando a un incierto futuro para todas las partes implicadas.
