El Supremo analiza el informe que descarta acusar a Puigdemont de terrorismo

dos hombres de traje parados frente a un edificio con una puerta y una ventana detrás, uno apuntando a la cámara, Antonín Slavíček, neogótico, una estatua, gótico internacional

La junta de fiscales penal del Supremo se reúne hoy para debatir el informe del fiscal Redondo

La junta de fiscales penal del Tribunal Supremo (TS) se encuentra este 6 de febrero para examinar el informe del fiscal Álvaro Redondo donde señala que no hay pruebas suficientes para imputar al expresidente catalán Carles Puigdemont por Tsunami Democrático, al tiempo que rechaza que los hechos investigados en esa causa sean constitutivos de delitos de terrorismo.

La junta ordinaria, que tiene lugar con carácter semanal, contará con una quincena de fiscales, entre ellos los fiscales del Proceso Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. Redondo defenderá su propuesta y, si la mayoría está de acuerdo, el informe quedará aprobado. Si no, deberá elaborarse un nuevo texto, que podrá encargarse a otro fiscal o dejar en manos del propio Redondo.

Fuentes fiscales contemplan una reunión tensa, ya que algunos fiscales discrepan del informe de Redondo

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press pronostican que será una reunión tensa, ya que varios fiscales ya han avanzado que no están de acuerdo con las conclusiones logradas por Redondo al entender que sí hubo terrorismo en las acciones realizadas por Tsunami Democrático en otoño de 2019 en protesta por la sentencia del Proceso.

El informe de Redondo responde a la exposición razonada del juez García Castelló, que pidió al Supremo investigar a Puigdemont y otras personas por presuntos delitos de terrorismo

El informe de Redondo, al que ha tenido acceso Europa Press, responde a la exposición razonada que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castelló, envió el pasado noviembre al Supremo solicitando el alto tribunal a investigar a Puigdemont, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg –ambos aforados– y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas, por presuntos delitos de terrorismo.

El fiscal explica que, aunque el Supremo es el tribunal competente para conocer las conductas delictivas que se atribuyan a Puigdemont y Wagensberg, en este caso cree que el juez instructor «debe seguir las investigaciones, al no concurrir pruebas racionales de criminalidad en ese momento procesal que justifiquen la elevación de la causa en la Sala de lo Penal del TS en relación con los referidos señores». Según su criterio, las pruebas recogidas «resultan demasiado genéricas».

Los indicios aportados por el juez García Castelló contra Puigdemont son conversaciones suyas con un empresario, reuniones en Ginebra y campañas en redes sociales

En concreto, recoge los indicios aportados por el juez García Castelló contra Puigdemont, como sus conversaciones con un empresario donde «se hace referencia directa a Tsunami Democrático como instrumento para la consecución de la independencia»; otros de su jefe de Gabinete, Josep Lluís Alay, junto a otro empresario; las reuniones en Ginebra de partidos y entidades soberanistas con la presencia del entonces presidente; o su «impulso directo» a campañas en redes sociales.

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