fardos

Hoy 1 de marzo hace 25 años que entró en vigor la Convención sobre la prohibición de minas antipersona.

Mañana 2 de marzo, hará 50 años que la dictadura franquista asesinó a Salvador Puig Antich por un crimen que – balas perdidas de por medio – nunca se demostró que fuera él el autor.

No importó. Ni importa ahora.

Muchos pidieron clemencia para salvar a Puig Antich del garrote.

La oposición antifranquista de izquierdas (PSOE incluido) se pusieron de perfil y no quisieron saber nada.

Un PSOE que ha actuado con hipocresía cuando le ha interesado (como el caso Ábalos).

Sólo les ha interesado ponerse la falsa medalla de tener las manos más limpias que nadie.

No es el PSOE, por historia, una asociación política que se haya destacado siempre por su talante democrático.

A través de las cloacas del Estado permitieron la acción de los GAL que asesinaron a civiles inocentes en los años 80.

Todo para salvar a la indisoluble unidad de la patria.

Con balas.

Lo sabe Maider García – hija de la última víctima mortal de los GAL – que nunca ha obtenido un perdón explícito y sincero de ningún gobierno español.

De balas va la cosa esta del bipartidismo entre las dos caras de una misma moneda: PSOE y PP que nunca han dejado de favorecer presupuestos generales orientados a la industria armamentística.

Presupuestos que terminan en licitaciones, negocios e intereses de empresas que fabrican balas y minas, también relacionadas con jugosas comisiones y contratos sin transparencia alguna.

No son los únicos.

La Comisión Europea a través de su líder Ursula von der Leyen ha instado ya a reforzar la economía de guerra.

Más armas. Más misiles. Más bombas. Más tanques.

Y también más minas como las exportadas por España a Israel según el Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Pero sobre todo, más balas.

Las que hagan falta.

Para enterrar en cal viva la sangre derramada.

Y así esconder la roña de su poder.