Una Decisión Histórica
El jueves 30-M el Congreso estatal aprobó definitivamente la ley orgánica que dejará sin ningún efecto todas las conductas incluidas en su perímetro, que fueron objeto de una condena penal, definitiva o todavía en fase de recurso, así como todas las búsquedas penales de esta clase de conductas, pese a los casi siete años que han pasado desde otoño de 2017.
Esta decisión representa un punto de inflexión en la historia democrática, puesto que la amnistía es una medida excepcional que sólo puede justificarse por razones muy potentes de restauración de la propia convivencia democrática.
Restauración de la Convivencia Democrática
Las necesidades de restauración de la convivencia están vinculadas íntimamente con la absolutamente desproporcionada y sustancialmente iliberal reacción del fiscal general del Estado oficiando en octubre de 2017 y de unos pocos, pero muy influyentes, órganos jurisdiccionales penales.
Esta excepcional medida muestra la necesidad de arreglar los importantes daños causados en la convivencia de la nación catalana por graves y recientes errores del Estado.
Comparación con Otros Contextos Democráticos
La comparación con otros contextos democráticos, como el de los gobiernos de Quebec, pone de manifiesto la excepcionalidad de esta amnistía. Los gobiernos de Quebec convocaron referendos de autodeterminación sin recurrir a la acción penal contra la autoridad convocante, demostrando otra vía de gestión democrática.
Asimismo, se pone de manifiesto cómo una corriente de fiscales y jueces pudo ver rebeliones o terrorismos donde sólo existía ejercicio de la política y del mandato parlamentario, poniendo en cuestión la propia funcionalidad de la democracia española.
Perspectiva del futuro
La ley orgánica de amnistía será derecho aplicable en breve, y se plantea la posibilidad de que la sala penal del Supremo lleve el caso Puigdemont al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta situación podría generar una respuesta claramente descalificadora de la exposición que considera el alto tribunal español, poniendo de manifiesto la necesidad de coherencia con el derecho europeo.
En definitiva, la ley de amnistía representa una oportunidad para restaurar la convivencia democrática y corregir los errores del pasado, abriendo la puerta a una nueva etapa de diálogo y reconstrucción.
