La lucha de una familia por garantizar su hogar
No lo parecía, pero finalmente la furgoneta de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra que había llegado este martes al mediodía al paseo de la Verneda, en Barcelona, se va. Una cincuentena de personas -vecinos, trabajadores con el uniforme del servicio de limpieza municipal, colectivos por el derecho a la vivienda- celebran su victoria cotidiana.
La Generalitat casi desahucia a una familia. Y al final lo han suspendido diez días. Esto no es nada, protesta Paula, una joven que hace de portavoz del Sindicato de Vivienda de la Verneda y el Besòs.
La incertidumbre del derecho a un techo
El grupo de vivienda denuncia que la familia ha estado a punto de quedarse sin hogar cuando la última noticia que tenían de la administración era que todo avanzaba en la buena dirección para poder hacerles un alquiler social y regularizar su situación.
Personas con pocos recursos económicos que han terminado ocupando un piso público, que tienen contacto con servicios sociales, que en algún momento se les ha planteado la vía del alquiler social, pero que al final se han encontrado un aviso de desahucio.
Una situación que se repite
Este mismo jueves se producía un episodio similar en Ciutat Meridiana, en Nou Barris, también suspendido en el último minuto. En ese caso, quien había recibido la notificación de que la echarían de casa era Yolanda, madre soltera de dos niños.
Es una lotería. Conocemos familias que han ocupado pisos públicos y los han echado de inmediato. Lo hemos vivido, y hay casos en los que lo hemos entendido. Pero después te encuentras pisos que hace años que nadie se preocupa de hacer un alquiler ni de nada.
La realidad de las familias vulnerables
Cuando alguien ocupa un piso público, se imposibilita que esa vivienda vaya a parar a quien la administración -en sus trámites formales y reglamentarios- tendría previsto dedicarle.
Por eso, sea un ayuntamiento o la Generalitat, de vez en cuando una entidad pública acaba decidiendo intervenir y desalojar un inmueble.
El reto de la vivienda asequible
La Mesa de emergencia de la vivienda de Barcelona lleva años acumulando cientos de casos en espera. Actualmente hay 751 familias sólo en la capital catalana a la que se les ha reconocido el derecho a un piso social, pero todavía no se les ha podido proveer.
El precio del alquiler ha subido a un nuevo récord y ha alcanzado ya los 1.171 euros de media en los nuevos contratos que se realizan en territorio barcelonés, por encima del salario mínimo interprofesional.
La urgencia social
Sin embargo, ayer tenía la amenaza explícita de quedarse sin hogar en unas pocas horas.
Ella, como tantos otros, espera un realojamiento o la formalización de un alquiler social en lo que ha sido su casa en los últimos años.
La urgencia social, sobre todo la de familias vulnerables, es una consecuencia más de la carencia de acceso a la vivienda.
