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El tribunal de la Complutense deja sin plaza al profesor que denunció irregularidades y la declara vacía

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un letrero en un edificio que dice "nos otorgan anillos de glulimum" en su costado, nombre de Carlos Trillo, coherente, una fotografía de archivo, estilo tipográfico internacional

Un tribunal de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido no adjudicar una plaza en ese centro de estudios tras suspender al único aspirante, que había denunciado irregularidades durante el proceso de selección.

La prueba oral, última parte del proceso de selección, se había repetido tres veces por orden primero del Rectorado y después de un juzgado madrileño, que entendieron que ésta no se ajustaba a la normativa. Pese a las repeticiones y denuncias de quien había acabado siendo el único candidato a la plaza, el resultado ha sido siempre el mismo: el profesor que evitó el favoritismo se queda sin la plaza.

Miguel Álvarez Peralta daba clases en la Universidad de Castilla-La Mancha cuando decidió que quería regresar a su Madrid natal.

Era 2020 y se había convocado una plaza, de contrato modesto pero fijo, en la universidad en la que se graduó, la Complutense. Pero al poco de presentarse descubrió que el departamento tenía una preferida para el proceso. Empezaron las presiones: mensajes por WhatsApp, documentos sustraídos o intentos de descalificación que tenían como objetivo que se retirara de la selección y adjudicar la plaza a la bestia ―como se conoce a la persona a la que el departamento quiere beneficiar―. Peralta no se encogió y mantuvo su candidatura. En la fase de valoración del currículo y los méritos sacó unas décimas más que su rival. También aprobó la entrevista trasera, pero con peor nota que ella.

Convencido de que su perfil era más adecuado a lo solicitado, Álvarez Peralta denunció las “trampas” que consideraba que se cometían en una columna de infoLibre y llevó el caso a la televisión.

Con esa presión mediática de fondo, la supuesta preferida se retiró. Quedaba él solo en el concurso, pero esto no significaba que le dieran la plaza, como se demostró al repetirse la entrevista por orden de la misma universidad: el tribunal cambió los criterios de evaluación para convertir la puntuación de 1 ,2 de la primera convocatoria en un 0,8. Como se calcula sobre un máximo de dos puntos, la candidatura del profesor denunciante quedaba suspendida y el puesto vacío.

Una entrevista repetida tres veces

Álvarez Peralta llevó entonces el caso a la justicia ordinaria, que ordenó repetir la entrevista una vez más, esta vez con los criterios acordes con la normativa. Esta tercera defensa tenía los mismos baremos que la primera, la que aprobó, e incluso un tribunal distinto porque uno de los miembros originales había fallecido y otro fue inhabilitado por un defecto de forma. Dio igual: el docente obtuvo un 0,7. Suspense otra vez.

Álvarez Peralta considera que la diferencia de puntuación que finalmente le deja fuera es «un castigo por haber denunciado públicamente» la situación.

“Es un aviso a los navegantes: si te atreves a denunciar vas a sufrir duras consecuencias y costes económicos, emocionales y profesionales”, asegura Álvarez Peralta, quien considera que esto lanza un mensaje para “que la gente respete los favoritismos”.

La Complutense no quiso entrar a valorar el caso, pero sí explicó cuál suele ser el procedimiento para las plazas que quedan vacías.

Éste aún no es el caso de la plaza en Ciencias de la Información; el profesor va a reclamar para intentar una cuarta repetición de la entrevista o la inhabilitación del tribunal «por su comportamiento». Si el Rectorado deniega su petición, el proceso quedaría definitivamente cerrado. En esta situación, la partida presupuestada quedaría disponible para una posible nueva convocatoria de la misma plaza o se destinaría a otro centro, puesto que la financiación no parte de los departamentos sino que es general, explican en la UCM.

Entre todo este proceso de reclamaciones y denuncias, Álvarez Peralta logró regresar a su ciudad natal: trabaja desde febrero del año pasado en la Universidad Rey Juan Carlos con un contrato similar al que ofrecía la Complutense.

Está inmerso en un proceso penal en el que el exjefe del departamento convocante de la plaza le acusa de daños al honor por publicar las capturas de pantalla donde presiona al profesor denunciante para que se retire del concurso. Además de ese juicio pendiente, el madrileño considera iniciar otro: está consultando con abogados la posibilidad de demandar al tribunal de Ciencias de la Información por prevaricación.

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