Este martes, una escena se repitió en el barrio de la Verneda, en Barcelona. Una furgoneta de los Mossos d’Esquadra apareció frente a un bloque de pisos, con la intención de desahuciar a una familia que vivía ocupando una vivienda de la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). Pero no lo logró. Una cincuentena de personas, entre vecinos, trabajadores municipales y activistas, lo impidieron con su resistencia pacífica. Celebraron su victoria temporal, pero saben que la batalla no ha terminado. La familia tiene diez días para encontrar una solución, o volverá a estar en riesgo de perder su techo.
Un desahucio inesperado
Los protagonistas de esta historia son Aaron, Samara y sus dos hijas de tres y cuatro años. Llevan seis años en un piso de la Via Trajana, que ocuparon cuando no tenían otra opción. Desde entonces, han estado en contacto con los servicios sociales y con la AHC, para intentar regularizar su situación y acceder a un alquiler social. Según explica Paula, portavoz del Sindicato de Vivienda de la Verneda y Besòs, que les acompaña en el proceso, había un diálogo abierto y una voluntad de encontrar una salida. Por ello, les sorprendió recibir una notificación de desahucio, sin previo aviso ni alternativa ofrecida.
«Es muy injusto, porque te quiere sacar la casa quien debería garantizarla, si no tienes recursos para pagar el mercado. Nosotros hemos hecho todo lo que nos han pedido, hemos entregado toda la documentación, hemos ido a todas las citas , pero no nos han dado ninguna respuesta. Y ahora nos encontramos con esto», lamenta Aaron, que asegura que el piso en el que vive es su barrio, donde nació y donde tiene sus raíces. Él y su familia son un ejemplo más de las personas que se ven abocadas a ocupar una vivienda pública, por la falta de oferta asequible y de políticas efectivas de derecho a la vivienda.
Un problema recurrente
El caso de Aarón y Samara no está aislado. En Barcelona, existen otras familias en situaciones similares, que han ocupado un piso público y que ahora se enfrentan a un posible desahucio, sin que se les ofrezca ninguna solución habitacional. Este mismo jueves, se vivió una situación similar en el barrio de Ciutat Meridiana, en Nou Barris, donde Yolanda, una madre soltera de dos hijos, logró detener su desalojo in extremis. Ella también vive desde hace siete años en un piso de la Generalitat, y tampoco ha podido formalizar un alquiler social, a pesar de tener un informe de vulnerabilidad social.
«Es una cuestión de suerte. Hay familias que han ocupado pisos públicos y los han sacado al poco tiempo. Otros, en cambio, llevan años sin que nadie les diga nada. Y de repente, les llega un desahucio, sin que se les tenga en cuenta su situación, cuando son personas pobres que necesitan una vivienda», denuncia Fili Bravo, portavoz de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana, uno de los barrios con mayor riesgo de exclusión social de la ciudad.
Un conflicto de intereses
Cuando se produce un desahucio de un piso público, existe un conflicto de intereses entre la administración y las personas afectadas. Por un lado, la administración argumenta que debe recuperar sus viviendas para poder adjudicarlas a las personas que están inscritas en los registros oficiales, que también tienen derecho a un piso social. Por otro, las personas que ocupan los pisos públicos alegan que ellos también son solicitantes de vivienda social, que están en situación de vulnerabilidad y que no tienen otra alternativa.
Desde los colectivos sociales, se critica que ésta es la consecuencia de la falta de políticas públicas adecuadas para garantizar el derecho a la vivienda, que se ha agravado con el aumento del precio del alquiler y la crisis económica. También se reclama que se estudien los casos de las familias antes de proceder al desahucio, y que se priorice la vía social, ofreciéndoles un alquiler asequible, en vez de la vía judicial o policial.
Un cambio de rumbo
Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat han reconocido la necesidad de impulsar medidas para aumentar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a un alquiler social a las personas que lo necesitan. Por eso, han puesto en marcha varios proyectos para construir o adquirir nuevas viviendas, así como para rehabilitar las que están en mal estado. Además, anunciaron la voluntad de regular los precios del alquiler y de sancionar los pisos vacíos. Sin embargo, estos resultados no serán inmediatos, y mientras tanto, la urgencia social persiste.
Por eso, desde la administración también se ha optado por cambiar el criterio respecto a los desahucios de los pisos públicos. En algunos casos, se ha optado por suspenderlos o pararlos, por reevaluar la situación de las familias y buscarles una alternativa habitacional. Así lo han hecho, por ejemplo, con el caso de Yolanda, en Ciutat Meridiana, o con el de tres personas en la calle Robador, en el Raval. También se ha comprometido a hacerlo con el caso de Aaron y Samara, en la Verneda, que esperan que la próxima semana se les dé una respuesta definitiva. Su esperanza es poder seguir viviendo en su barrio, con la garantía de un alquiler social, sin tener que sufrir más el miedo a perder su casa.
