Gonzalo Boye anuncia acciones legales por presunta prevaricación
Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, ha comunicado que emprenderán acciones legales contra el juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, por presunta prevaricación en la apertura de una pieza separada para investigar a Puigdemont, al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a once personas más de sus círculos por supuestos delitos de malversación y traición en el marco de la presunta ‘trama rusa’. Boye descarta tajantemente el delito de traición, excluido de la amnistía si se demuestra un ataque o injerencia extranjera con peligro real contra el Estado. Asegura que presentarán una querella bien fundamentada por prevaricación, sosteniendo que Aguirre dirige la ‘verdadera trama rusa del procés’. Además, considera que el magistrado malversa recursos públicos, citando la prohibición de la Audiencia provincial de Barcelona para continuar la instrucción a partir de julio de 2023 como evidencia de ello.
Amenazas de acciones legales adicionales
Boye ha anunciado que en los próximos días presentarán acciones legales ‘contra él y contra otros que resulten responsables’ de la supuesta prevaricación, sosteniendo que Aguirre lidera la ‘verdadera trama rusa del procés’. Además de prevaricación, considera que el magistrado malversa recursos públicos, argumentando que ‘una solución alternativa’ en el texto del juez se traduce en prevaricación. Afirma que Aguirre ha llevado sus causas al Tribunal Superior de Justicia en dos ocasiones, sin resultados favorables, y critica su persistencia en abrir causas desde 2016, calificándola como una ‘obsesión’ que deriva en un encausamiento rocambolesco de personas cercanas a Puigdemont, con insinuaciones para atacar al gobierno de Pedro Sánchez.
Acusaciones de injerencias rusas y malversación
El juez Aguirre investiga delitos de traición y malversación de caudales públicos por la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas e injerencias de Rusia o China. Ha imputado a una docena de personas, incluyendo a Boye, Puigdemont, Artur Mas, Josep Lluís Alay, Francesc de Dalmases, Elsa Artadi, Víctor Terradellas y Carles Porta, en relación con la injerencia rusa en el movimiento independentista catalán dentro del caso Diputació, abierto en 2016 por subvenciones a entidades afines en Convergència. La resolución hace referencia a viajes y gastos por la promoción de Catalunya en el exterior.