La petición de aplazamiento
Gonzalo Boye, el abogado de Josep Lluís Alay, solicitó al magistrado Manuel García-Castellón que aplace las declaraciones de los investigados de Tsunami Democrático, inicialmente programadas para el 22 de mayo. Esta solicitud se basa en que el mismo día, Alay debe comparecer en un juicio que ya estaba fijado con anterioridad. Es habitual que, si una de las partes lo pide, se pueda cambiar la fecha de los interrogatorios, en cuyo caso, la defensa de Alay ha solicitado este aplazamiento porque el abogado no podrá asistir a las declaraciones de los encausados. El magistrado de la Audiencia Nacional no debería tener inconveniente en aceptar esa solicitud.
Los investigados y el tiempo ganado
Este aplazamiento proporciona a los 10 investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional un tiempo adicional, puesto que la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, prevista para el 30 de mayo, se acerca. Los abogados defensores aseguran que la ley de amnistía debería llevar al cierre del caso Tsunami, puesto que está vinculado a las causas del Proceso. Sin embargo, la decisión final recae en el juez.
Críticas y acciones cuestionadas
El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha recibido críticas por parte de los partidos y entidades independentistas a causa de sus movimientos en relación al caso Tsunami. La decisión de imputar a 12 personas por el delito de terrorismo, incluido el presidente en el exilio Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras sufrir la causa dormida desde el 2019, ha sido cuestionada. Además, la Fiscalía se opone a calificar las movilizaciones de Tsunami como terrorismo, afirmando que a lo sumo ha habido desórdenes públicos.
Declaraciones por videoconferencia y acciones futuras
La magistrada instructora del Supremo, Susana Polo, ha propuesto que Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg declaren de forma voluntaria y por videoconferencia la semana del 17 de junio, puesto que se encuentran en el extranjero. Esta decisión ha generado controversia entre las acusaciones particulares. Por su parte, el juez García-Castellón ha permitido a los 10 encausados de Tsunami declarar por videoconferencia desde un juzgado de Barcelona, aunque al menos cuatro de ellos se encuentran en Suiza para evitar esta imputación que consideran política y sin fundamentos .