El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid archiva un caso de gran relevancia
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha tomado la decisión de archivar un caso que investigaba la muerte de tres usuarios de una residencia de personas mayores en Pont de Vallecas durante el pico de la pandemia de la Covid. Esta resolución se tomó en el marco de una querella interpuesta contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus exconsejeros por un delito de homicidio imprudente. Asimismo, también se ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas respecto a la directora de la residencia y la gestora del centro de mayores.
Detalles de la querella y la resolución del juez
La querella se interpuso contra Díaz Ayuso, los entonces consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, la directora de la Residencia Domus VI Albufera, y la mercantil Geriavi, S.A.O., gestora de la referida residencia, por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes , omisión del deber de socorro y prevaricación. Aunque el juez admitió a trámite la querella solo en lo que se refiere a la directora del centro y la mercantil Geriavi, por tres delitos de homicidio por imprudencia, finalmente se ha archivado el caso.
En la resolución, el juez argumenta que los informes de la forense indican que, incluso si las pacientes hubiesen sido derivadas a un hospital y se hubiera confirmado la COVID-19 con anterioridad, las defunciones no habrían podido evitarse. Esto ha sido determinante para archivar el caso, puesto que no se puede establecer la evitabilidad del resultado, requisito esencial para apreciar el tipo penal del homicidio imprudente que se les atribuía.
Contexto y consecuencias del archivo
Con este archivo, ya son 23 los procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por cóvido en residencias públicas de la Comunidad de Madrid, al no acreditarse la comisión de delito por los protocolos de derivación de pacientes a hospitales durante la primera ola de la pandemia.
Pese a que ninguna denuncia ha prosperado, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid concluyó que en marzo y abril de 2020 se produjo un exceso de mortalidad en las residencias de la región, el doble que en otras zonas del Estado, y estimó que si no se hubieran aplicado criterios ‘discriminatorios’, podrían haberse salvado 4.000 vidas. Esta Comisión se constituyó en abril de 2023 a instancias de familiares y afectados, alegando la ‘falta de interés y voluntad’ de las autoridades políticas y judiciales para averiguar e informar sobre qué sucedió con las personas mayores confinadas en las residencias madrileñas en el inicio de la pandemia.
