La creciente preocupación por la infiltración paramilitar
Recientemente, el partido Sumar hizo un llamamiento al Ministerio del Interior para ilegalizar la plataforma Desokupa. Esta solicitud ha surgido después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunciara su colaboración con la organización, que se encargará de formar a 30.000 agentes en técnicas de defensa personal.
Reacción del Ministerio del Interior frente a la controversia
El Ministerio, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que está considerando la posibilidad de abrir un expediente para investigar la legalidad de este convenio con el SUP, poniendo de relieve que estas acciones podrían comprometer los valores democráticos del país.
Reiteradas críticas contra Desokupa
Los miembros de Sumar han expresado una fuerte oposición a las actividades de Desokupa, denunciando que estas organizaciones no pueden operar en un sistema democrático. En un mensaje en la red social X, se afirmó que ‘Desokupa debe ser considerada ilegal; la sociedad no tolerará grupos con comportamientos de tipo paramilitar’.
Declaraciones que ponen de manifiesto la necesidad de acción
Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar, resaltó unas controvertidas declaraciones de Daniel Esteve, líder de Desokupa, que defendía la idea de ‘limpiar las calles’. Hernández criticó que el Interior permita que su colaboración con SUP se desarrolle, al tiempo que se compromete a combatir la extrema derecha.
Opinión de los representantes políticos
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, calificó la formación que ofrece Desokupa a 30.000 agentes nacionales como peligroso precedente. En este contexto, comunicó que su grupo ha propuesto una pregunta formal al Ministerio, pidiendo medidas contra la penetración de tendencias ultraderechistas en las fuerzas policiales.
Un llamamiento a la reflexión sobre la seguridad y la democracia
Errejón subrayó que sólo con una agenda de reforma seria el Estado puede afrontar los retos que representa la infiltración extremista. Celebró que el Ministerio se muestre dispuesto a impugnar el convenio, manifestando que la presión ciudadana puede tener un impacto positivo en la gobernanza.
La responsabilidad del Estado de Derecho
Por último, Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y líder de los Comunes, insistió en que el Estado debe hacernos sentir seguros en los espacios públicos y debe disuadir a las actuaciones de matonismo, destacando que un Estado de Derecho no puede ser cómplice de acciones que desconocen la legalidad.