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El acuerdo frustrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía y la Abogacía del Estado

by PREMIUM.CAT
un home amb vestit i corbata davant d'una paret amb una porta al fons i una finestra al darrere, Arthur Sarkissian, tret al cap, un retrat, plasticien

Un pacto que evita la prisión

La semana pasada, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la prisión. En este preacuerdo, González Amador admitió haber cometido un fraude a Hacienda por un valor de 350.951 euros en dos ejercicios y haber utilizado una trama de facturas falsas para llevar a cabo el engaño. Sin embargo, este acuerdo se vio frustrado debido a una solicitud de ampliación de la investigación presentada por el PSOE y Más Madrid, lo que ha llevado al aplazamiento de la declaración del empresario.

Detalles del preacuerdo

El preacuerdo entre la pareja de la presidenta madrileña y las autoridades incluía una descripción detallada del fraude a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021, así como la admisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades. Según el pacto, González Amador debía pagar una multa del 40% de la cuota defraudada, que ascendía a 60.000 euros y 78.380,56 euros respectivamente. Además, se sumaban los 350.951 euros defraudados y unos intereses de 2.493,10 euros, lo que hacía un total de 491.824 euros. También se establecía una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pérdida del derecho a obtener ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante 9 meses por cada uno de los dos delitos contra Hacienda.

Investigación en curso

Sin embargo, el preacuerdo se vio frustrado debido a la solicitud de ampliación de la investigación presentada por el PSOE y Más Madrid, quienes consideran que se han cometido otros delitos además del fraude fiscal, como la administración desleal, la falsedad contable, la corrupción en los negocios y el delito contable. También argumentan que la cantidad defraudada podría ser mayor de lo que se ha establecido hasta ahora. Estas acusaciones han llevado a que la investigación se mantenga abierta y se estén considerando nuevas responsabilidades.

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