El desafío inminente de la acreditación de centros sociales
El Departamento de Derechos Sociales está llevando a cabo un crucial proceso de acreditación que culminará el próximo 5 de agosto. Este movimiento busca asegurar que las instalaciones dedicadas a los servicios sociales cumplan los requisitos esenciales para seguir operando. Sin embargo, según estimaciones, hasta un 20% de geriátricos podría no lograr esta acreditación, lo que podría agravar la ya complicada situación de listas de espera en el sector.
Perspectivas encontradas sobre el proceso de acreditación
Carlos Campuzano, conseller de Derechos Sociales en funciones, enfatizó la necesidad de priorizar el interés general, aunque reconoce la preocupación que genera el hecho de que algunas residencias no cumplan con los estándares. En contraste, entidades como la Sindicatura de Greuges y varias asociaciones de profesionales del sector advierten sobre las posibles inseguridades jurídicas que este procedimiento conlleva. Andrés Rueda, presidente de la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia, expresa su alarma, señalando que muchas personas podrían quedar sin opciones de atención.
El contexto de la normativa y sus implicaciones
La raíz de esta situación se remonta a un decreto publicado durante la pandemia, que estableció nuevos parámetros de calidad para los centros de atención. Para ser acreditados, los centros deben demostrar experiencia mínima en el sector, tener protocolos organizacionales en orden, y cumplir con una normativa del 2015 sobre la adecuación de las instalaciones. Rueda destacó que la mayoría de los centros fueron construidos antes de este decreto y no cumplen con las nuevas exigencias, lo que puede suponer un desafío significativo.
Tiempos ajustados y expectativas de cambio
Además, se ha señalado que el tiempo otorgado para adaptarse a estas disposiciones ha sido insuficiente. Jordi Sánchez de la Sindicatura de Greuges expresa su sorpresa por la precipitación del proceso, dado que originalmente se había programado para concluir en octubre de 2025. Sin embargo, Campuzano argumentó que no se podía continuar con el desconocimiento sobre el estado de las plazas residenciales y la calidad del servicio proporcionado.
Implicaciones para los futuros residentes
A medida que se intensifica el debate sobre la acreditación, la mayor preocupación radica en el impacto que esto tendrá sobre las listas de espera de aquellos que buscan una plaza en residencias. Sánchez advirtió sobre la nebulosa situación que enfrentarán las entidades colaboradoras no acreditadas, sumada a la incertidumbre de los futuros residentes sobre su posibilidad de acceder a atención adecuada. La pregunta clave ha pasado a ser: ¿cuál será el destino de aquellos que esperan una oportunidad de ingresar a una residencia y se ven atrapados en esta situación de limbo?
