Posición de Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana e Irídia
Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) e Irídia han presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona solicitando que la amnistía no sea aplicada a los casos de los policías que cometieron violencia policial durante el referéndum del 1-O. Las tres entidades han presentado este escrito en respuesta a la solicitud del juez instructor que investiga a los policías del 1-O por vulneraciones de derechos, quien ha requerido el posicionamiento de las partes personadas. Òmnium y la ANC actúan como acusación popular, mientras que Irídia lo hace como parte interesada. En un comunicado conjunto, advierten que si la amnistía se aplica a estos casos, recurrirán a las instancias correspondientes.
Argumentos contra la aplicación de la amnistía
Las entidades sostienen que la ley de amnistía no puede favorecer a los responsables de la brutalidad policial ejercida durante el referéndum, ya que es incompatible con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Argumentan que los actos de violencia policial durante el referéndum deben quedar excluidos de la aplicación de la ley, ya que podrían constituir delitos de tortura o tratos inhumanos o degradantes, superando el umbral de gravedad de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Denuncia por falta de acceso a la justicia y reparación
Además, aprovechan para denunciar que, tras siete años, aún no se ha celebrado ningún juicio y que las víctimas de violencia policial no han podido acceder a su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.
Postura de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado la amnistía para los 46 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil imputados por las cargas del 1-O. Argumentan que las acciones realizadas en el marco de la consulta del 1-O están amnistiadas según la ley. Òmnium, la ANC e Irídia rechazan esta postura y remarcan que no les sorprende, ya que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento del procedimiento desde su inicio en 2017.