Compromisos del Gobierno español
El Gobierno español ha expresado su intención de reanudar el proceso de aprobación de una ley destinada a regular los grupos de interés, conocidos como lobbies, en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, hasta ahora, esta iniciativa se encuentra bloqueada, y la espera por ese marco normativo continúa.
Requisitos de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha instado al ejecutivo español a agilizar la aprobación de la normativa relevante, que incluye también medidas sobre transiciones laborales de los funcionarios hacia la esfera privada, un fenómeno conocido como ‘puertas giratorias’. Estas regulaciones forman parte del Plan de Recuperación de España y su implementación es crucial para asegurar la transparencia en las relaciones entre sectores públicos y privados.
Avance del proceso legislativo
Recientemente, Bruselas ha incluido esta cuestión en sus recomendaciones para España en el informe sobre el estado de derecho. Sin embargo, cabe resaltar que el documento también aborda otros aspectos como los progresos en temas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía.
Registro de lobbies y obligaciones
La Comisión Europea ha subrayado la necesidad imperiosa de crear un registro para lobbies, ya que esto permitiría establecer limitaciones claras en las oportunidades laborales que tendrían los políticos una vez abandonaran el servicio público. Según un acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de diciembre de 2022, los ex-políticos no podrán asociarse con aquellos lobbies que estén inscritos en este registro.
Reuniones y transparencia
Además, cualquier reunión con miembros de la administración pública requeriría que los lobbies se encontraran registrados. La ley propuesta incluye también la obligación de documentar meticulosamente las reuniones, con información detallada sobre las personas implicadas y la temática discutida.
Mesures sancionadores
Se establecen sanciones significativas para aquellos lobbies que incumplan estas normativas. Las multas podrían incluir la expulsión del registro durante un período de hasta tres años, limitando así su capacidad para influir en el desarrollo legislativo.
Objetivo final
Con esta regulación, el Gobierno busca incrementar la transparencia en los procesos legislativos y reducir la influencia negativa de los lobbies en la creación de legislación. Además, el objetivo es prevenir que altos cargos administrativos se trasladen a trabajar por intereses privados después de haber estado implicados en su legislación.
Actualmente, el Gobierno ha reiterado su intención de reiniciar el proceso de aprobación de esta norma. Sin embargo, su situación sigue siendo de bloqueo.