La situación legal actual
Las acusaciones por terrorismo por el caso Tsunami han quedado archivadas en la Audiencia Nacional, pero no así en el Tribunal Supremo, donde la juez Susana Polo aún no se ha pronunciado sobre la embestida que ayer dedicó la sala del penalti al juez Manuel García -Castellón. Esto ha generado un debate sobre la cuestión de la amnistía en este caso.
Las posiciones enfrentadas
Las acusaciones populares, representadas por entidades unionistas, han pedido las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) argumentando que el delito de terrorismo no puede amnistiarse según el derecho de la Unión. Por contra, las defensas de Carles Puigdemont y el diputado Ruben Wagensberg, juzgados por el Tribunal Supremo, así como la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pidieron que se aplique la amnistía. Esta divergencia de posiciones ha generado un intenso debate sobre la interpretación de la ley en este caso concreto.
La respuesta de la defensa de Carles Puigdemont
La defensa de Carles Puigdemont, dirigida por Gonzalo Boye, respondió al posicionamiento pedido por la juez, atribuyendo a ignorancia sobre el derecho de la Unión las cuestiones que se quieren plantear. Boye asegura que no hay ninguna duda sobre la aplicación de la amnistía en este caso y no se opone a plantear las cuestiones prejudiciales en el TJUE, aunque considera que no existe base legal para ello.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La defensa de Puigdemont ha avanzado la jurisprudencia del TJUE en la que se deja claro que las autoridades de un estado miembro no pueden invocar directamente a una directiva para agravar la responsabilidad penal de los inculpados en un procedimiento legal. Esto ha generado un debate sobre la interpretación de la jurisprudencia europea en relación con este caso concreto.
