El Gobierno aprueba un plan de indemnización a víctimas de pederastia en la Iglesia
Ante la respuesta considerada insuficiente por parte de la Iglesia a las víctimas de pederastia, el Gobierno ha tomado la decisión de indemnizar a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente.
El Consejo de Ministros ha aprobado un plan que responde al informe del Defensor del Pueblo, el cual calculó que alrededor del 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia, lo que representa unas 450.000 potenciales víctimas.
El plan, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños, contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.
Detalles del plan de indemnización
El plan no especifica una cifra destinada a las indemnizaciones, pero se entiende que se llevará a cabo con o sin la colaboración de la Iglesia.
Además, contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal.
En los casos en los cuales la acción penal no ha prescrito, la indemnización se atendrá a lo que dispone la Ley de Libertad Sexual en su artículo 41, proporcionando ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional.
El plan también propone alargar los plazos en los que estos delitos prescriben, así como organizar un acto público de Estado de reconocimiento a las víctimas, entre otras medidas.
Reacciones y críticas al plan
La coalición Sumar ha presentado objeciones formales al plan, argumentando que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones, y que el plan es considerado incompleto e insuficiente.
Por otro lado, las víctimas han acogido con cierta perplejidad el plan aprobado por el Consejo de Ministros, ya que no fueron consultadas previamente. Esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan, y aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal.
Desde la Conferencia Episcopal, por el momento, hay un mutismo absoluto, a la espera de conocer el contenido íntegro del documento.