El Gobierno condena los abusos laborales
En los últimos días, se han revelado situaciones preocupantes de abusos a trabajadores de origen peruano en Cataluña. Estas personas han sido llevadas al país aprovechando determinados permisos y el Gobierno ha expresado su oposición a estas prácticas. El portavoz del Govern, Guillem Casal, ha afirmado contundentemente: «Si se confirman, son deplorables».
Acciones para investigar y tomar medidas
El Govern está tomando medidas para abordar esta situación. Se están realizando pesquisas desde diferentes ámbitos, como la policía, el departamento de Inmigración y el departamento de Trabajo. Es importante destacar que estas pesquisas se están llevando a cabo incluso sin haber recibido denuncias formales. El objetivo es averiguar lo que está pasando y tomar las medidas necesarias con firmeza.
Colaboración con las autoridades peruanas
El Govern también ha establecido contacto con las autoridades peruanas para abordar esta cuestión. Se ha enviado una nota verbal a los servicios diplomáticos peruanas para averiguar qué contratos de trabajo existen con estas personas. Esta colaboración es fundamental para esclarecer la situación y tomar las medidas adecuadas.
Compromiso para poner fin a estas prácticas
El Gobierno tiene el compromiso de acabar con estas prácticas abusivas. El proyecto de ley ómnibus prevé ya acabar con el régimen de trabajadores desplazados y replantear el modelo contractual para evitar estas situaciones. Esto demuestra que el Govern está tomando acciones concretas para abordar esta problemática. Es importante destacar que se va a prohibir la figura que permite estas prácticas.
Anticipo legislativo y situación actual
A pesar de las continuas denuncias, no está previsto avanzar en el cambio legislativo en la presentación de la ley por el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda. Sin embargo, el Gobierno reconoce la importancia de actuar con celeridad y velar por que estas situaciones no se produzcan. Es importante destacar que la legislación actual ya ofrece mecanismos para evitar estas irregularidades, pero el Gobierno está dispuesto a ir más allá para abordar situaciones indeseables. Se han impuesto sanciones y se continuarán imponiendo en casos de maltrato laboral.
