La Fiscalía de Las Palmas inicia investigación sobre presunto empleo ilegal de menores migrantes
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha iniciado una investigación contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Canarias, Rafael Hernández, por un supuesto delito relacionado con el empleo ilegal de menores migrantes.
Según la denuncia recibida, Rafael Hernández habría utilizado a migrantes menores de un centro de acogida de la capital grancanaria para trabajar en sus fincas de manera ilegal. Estos menores, alojados en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por la hija de Hernández y bajo la tutela del Gobierno de Canarias, presuntamente eran llevados a trabajar en las fincas, recibiendo un pago de entre 20 y 25 euros por largas jornadas laborales. Además, se alega que se les descontaba dinero si su comportamiento en el centro no era considerado adecuado.
Presunta complicidad y reacciones
Se menciona la supuesta complicidad de un familiar de Hernández y de una trabajadora social del centro de internamiento en régimen semiabierto en estas actividades ilegales, según informes de Canarias7.
Rafael Hernández, quien también preside la Asociación Oportunidades de Vida, ha negado las acusaciones, afirmando que la COAG ofreció un programa piloto de formación para menores migrantes el año pasado, con subvención gubernamental y aprobación de las inspecciones correspondientes. Asegura que algunas prácticas de formación se realizaban en su finca, pero niega haber contratado ilegalmente a nadie.
Reacción del Gobierno de Canarias
Ante estos hechos, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha solicitado información a la Fiscalía sobre el caso. Afirmó que están a la espera de detalles por parte de la Fiscalía para determinar si deben tomar medidas al respecto.
