Un nuevo paso en la denuncia
Un grupo de 14 de los 33 jueces catalanes que en febrero de 2014 firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en Catalunya ha presentado una nueva denuncia. Según informa RAC1 y ha podido confirmar una fuente, los jueces han presentado la denuncia ante la Fiscalía de Catalunya. En el escrito, los magistrados alegan que tienen pruebas documentales sobre las personas que filtraron, de manera ilegal, una veintena de fotografías de sus DNI en 2014. Estas fotografías fueron posteriormente publicadas en la portada del diario La Razón.
El proceso legal previo
Cabe recordar que después de la publicación de las fotografías, los jueces presentaron una denuncia conjunta al juzgado de guardia de Barcelona, pero el proceso fue archivado. Sin embargo, en abril de 2016, la Audiencia de Madrid se pronunció en contra de la admisión de la denuncia. Ante esta situación, los magistrados llevaron su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que les dio la razón hace dos años. El TEDH condenó al Estado español por vulnerar el derecho a la intimidad de los jueces y magistrados que aparecían en el artículo publicado en marzo de 2014 bajo el título ‘La conspiración de los 33 jueces soberanistas’. Según la sentencia del tribunal con sede en Estrasburgo, la publicación de las fotografías sin consentimiento violó el derecho a la intimidad de los afectados.
Nuevas pruebas presentadas
Entre las nuevas pruebas presentadas por los jueces se encuentran grabaciones realizadas por el excomisario de la policía española José Manuel Villarejo. Estos audios, que se conocieron hace dos semanas, contienen conversaciones entre Villarejo, Eugenio Pino y Pedro Esteban, altos mandos de la policía española en Catalunya. Los magistrados adjuntan estos audios como prueba, así como anotaciones de las agendas de Villarejo que hacen referencia a la filtración de las fotos de sus DNI.
El fallo del Tribunal Supremo
El pasado 9 de enero, el Tribunal Supremo ordenó reabrir el caso de la filtración de datos de los jueces soberanistas, enmendando así la decisión de la Audiencia Nacional. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había cerrado la investigación hace diez años, pero los magistrados recurrieron la decisión. El Supremo resolvió que la AEPD debía reabrir la investigación, ya que se trataba de un caso en el que se habían tratado los datos sin autorización de los magistrados y se habían filtrado en La Razón. El tribunal consideró que era necesario investigar si la decisión de archivo era justificada.
